La ministra Lenia Batres volverá este jueves al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un proyecto que ha encendido el debate público: plantear que la indemnización civil por muerte de un trabajador se calcule con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en el salario mínimo.
Mientras el salario mínimo asciende a 278.80 pesos, la UMA equivale a 113.14 pesos.
Ese ajuste desplomaría el monto de reparación de 1 millón 394 mil pesos a 565 mil 700 pesos, un recorte cercano al 50%.
La propuesta deriva de una contradicción de criterios entre las extintas Primera y Segunda Salas del máximo tribunal, que durante años discreparon sobre cuál debía ser la referencia válida para fijar indemnizaciones.
UMA vs. salario mínimo
La controversia jurídica —identificada como contradicción de criterios 59/2025— busca definir si el cálculo por muerte debe basarse en el salario mínimo o en la UMA.
La Primera Sala sostenía que la indemnización tenía un carácter reparador vinculado a la capacidad productiva, por lo que debía cuantificarse con salarios mínimos, pues reflejan el ingreso laboral perdido.
La Segunda Sala, en cambio, consideró que la Constitución, tras la reforma de 2016, prohibía usar el salario mínimo como referencia para fines ajenos a su naturaleza laboral y ordenaba sustituirlo por la UMA.
Batres retoma esta última postura y la lleva al Pleno con el argumento de “acatar el mandato constitucional”.
Implicaciones sociales a la propuesta de Lenia Batres
El planteamiento ha provocado preocupación entre especialistas, víctimas y organizaciones defensoras de derechos laborales, quienes alertan que el uso de la UMA reduciría significativamente la reparación del daño.
Para sectores que buscan una compensación justa, la UMA —al no reflejar la capacidad de ingreso de la persona fallecida— limita la posibilidad de una indemnización proporcional a la pérdida económica real.
De aprobarse, familiares de personas fallecidas por accidentes laborales, negligencia médica o siniestros recibirían alrededor de 565 mil pesos en todo el país, frente a más de 1.3 millones de pesos que corresponden si el cálculo se hace con salario mínimo.
Críticos del proyecto sostienen que este criterio beneficia principalmente a aseguradoras, empresas de transporte y responsables de daños patrimoniales, al reducir su carga económica.
El asunto ya había llegado al Pleno el pasado 2 de octubre, pero la ministra Batres decidió retirarlo por las dudas expresadas por otros integrantes de la Corte y por las voces que advirtieron un impacto negativo a las víctimas.
Puntos clave del proyecto de Lenia Batres
- Sustituye el salario mínimo por la UMA para el cálculo de indemnizaciones civiles.
- Reduce la compensación por muerte de un trabajador de 1.3 millones a 565 mil pesos.
- Establece un criterio obligatorio para jueces federales y locales.
- Se fundamenta en la reforma constitucional de 2016 que desindexa el salario mínimo.
- Podría beneficiar económicamente a aseguradoras y sectores empresariales.
Si el Pleno aprueba el proyecto, la SCJN fijará una jurisprudencia nacional que reducirá de forma generalizada las indemnizaciones por muerte e incapacidad, marcando un precedente de amplio impacto en materia laboral, civil y de derechos de las víctimas.
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