La acusación sobre la omisión en el cumplimiento de funciones públicas a raíz del presunto desvío de fondos públicos destinados a becas para hijos de madres con discapacidad sacudió el escenario político de Tamaulipas tras las publicaciones de Ismael Cabeza de Vaca, representante del Partido Acción Nacional.
Cabeza de Vaca afirmó que, “esos apoyos, que deberían llegar a quienes más los necesitan, según investigaciones periodísticas, habrían sido desviados para pagar al personal de su programa electoral de avanzada”. Destacó el contraste entre la espera de apoyo por parte de miles de familias y el presunto uso político de los fondos públicos: “el gobierno usa el dinero del pueblo para mantener su estructura política”, manifestó al retomar una investigación previamente publicada.
Para el legislador, la gravedad del asunto radica en la utilización de un programa social como herramienta política, y señaló: “Eso no es apoyo social… es corrupción con rostro electoral”.
Esta denuncia no solo expone una grave sospecha sobre el manejo de los recursos sociales, sino que exige la intervención de instancias como el Congreso de Tamaulipas y la dirigencia del PAN. El funcionario llamó a esclarecer el destino de estos apoyos y a garantizar que los programas sociales realmente cumplan con su propósito original.
La denuncia realizada por Ismael Cabeza de Vaca ha puesto en el centro de la discusión el presunto desvío de 4.6 millones de pesos provenientes de becas destinadas a madres jefas de familia y docentes con hijos con discapacidad en Tamaulipas, durante la administración de Américo Villarreal.
Según registros oficiales citados por el medio, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregaron estos recursos a miembros del sindicato y sus familiares, muchos de los cuales no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios. El control y aval de estas transferencias estuvo en manos de la Unidad Ejecutiva de la SET, responsable de manejar el programa de becas.
Se descubrió que personas allegadas a la dirigencia sindical recibieron montos individuales mucho mayores a los establecidos —de 19 mil hasta 142 mil pesos, cuando el apoyo regular debería ser de mil 500 a 2 mil pesos anuales— y, en varios casos, bajo claves laborales clonadas o asignadas a otros centros de trabajo.
A pesar de estas evidencias, directivos del sindicato y algunos beneficiarios negaron las irregularidades o rehusaron explicar los depósitos, mientras la investigación periodística sostiene que al menos el 17 por ciento del presupuesto total para becas de 2024 fue asignado de forma irregular, en perjuicio de quienes realmente deberían recibir estos apoyos.
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