FGR indaga a policías de Baja California por presunto robo de cocaína a favor del Cártel de Los Arellano Félix

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California por su presunta participación en el robo de 180 kilogramos de cocaína, ocurrido el pasado 4 de octubre en la zona de Ojo de Agua, ubicada en el municipio de Tijuana.

De acuerdo con la información oficial, la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002996/2025 fue abierta luego de que una cámara de videovigilancia de la calle California captara a los presuntos responsables del robo, quienes se desplazaban en vehículos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).

En ese sentido, las imágenes fueron determinantes para que el órgano interno de control iniciara una indagatoria sobre los uniformados.

Robo vinculado a una disputa criminal, según versiones preliminares

Hasta ahora, información preliminar señala que el incidente se habría producido cuando un grupo de traficantes intentaba mover el cargamento de cocaína sin pagar el “derecho de paso” a una organización criminal local. Según las investigaciones iniciales, los policías estatales habrían actuado en complicidad con miembros del Cártel de los Arellano Félix (CAF) para apoderarse del cargamento.

Fuentes consultadas por el Semanario Zeta apuntan a que los 180 kilogramos de cocaína iban a ser trasladados “por la libre”, sin pagar cuota a ningún cártel, lo que desató la intervención de los uniformados en presunto contubernio con el CAF.

Autoridades reconocen la investigación

La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, confirmó el lunes 20 de octubre que el caso está en manos de la FGR y que la propia Fiscalía General del Estado (FGE) colabora con las autoridades federales:

“Ya lo mencionó el secretario de Seguridad Ciudadana, el general Laureano Carrillo Rodríguez: es directamente contra agentes de la FESC, según las investigaciones de inteligencia. Si alguien anda en malos pasos, tiene que pagar”, dijo la funcionaria.

Andrade Ramírez sostuvo que su corporación se mantiene vigilante ante posibles actos de corrupción policial y que también se investigan a “otras corporaciones que empañan el trabajo de la gran mayoría de agentes honestos”.

En cuanto a las narcomantas aparecidas en Tijuana y Playas de Rosarito, donde su nombre fue mencionado, la fiscal aclaró que no estaban dirigidas personalmente contra ella: “No es contra mí. Menciona mi nombre, pero no nos vamos a prestar a ese tipo de situaciones. Es un trabajo serio y seguimos trabajando”, afirmó.

Irregularidades en la indagatoria a mandos estatales de seguridad

En medio del proceso, agentes de la FESC señalados en la carpeta de investigación difundieron una carta pública en la que denunciaron presuntas irregularidades cometidas durante la indagatoria. Según el texto, “se ordenaron suspensiones y medidas disciplinarias sin que mediara investigación formal ni prueba que acreditara nuestra participación o siquiera la existencia real del hecho delictivo”.

Los policías sostienen que el único vehículo KIA blanco de la corporación, identificado en los videos del robo, pertenece a la Coordinación Interinstitucional y Relaciones Internacionales, conocida como Enlace Internacional, bajo mando de un militar. Este señalamiento busca deslindar a los agentes operativos de la FESC de la participación directa en los hechos.

Reacción ciudadana y repercusiones políticas

La controversia provocó que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) solicitara la intervención del comisionado de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ante el temor de que los recientes ataques a las instalaciones de la FGE estén relacionados con el robo del cargamento.

La petición subraya la preocupación creciente sobre el grado de infiltración del crimen organizado en las corporaciones estatales y la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno.

Mientras tanto, la FGR continúa la investigación con base en los reportes videográficos y en los registros vehiculares de la SSCBC, en busca de establecer si existió una operación concertada entre los agentes y miembros del Cártel de los Arellano Félix.