El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, celebró la aprobación unánime por parte del Congreso de la Ciudad de México respecto a la reforma al artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión, aprobada con 56 votos a favor.
Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, César Cravioto subrayó que la aprobación refuerza la integración de la Ciudad de México al grupo de congresos estatales que respaldarán constitucionalmente esta reforma.
La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión y, de acuerdo con Cravioto, constituye una pieza “clave para la seguridad del país”. La validación de la reforma se realizó en dos sesiones especiales, donde los diputados locales procesaron las minutas remitidas por el Senado de la República.
Junto con la reforma en extorsión, el pleno también ratificó disposiciones concernientes a la confirmación de grados superiores en la Guardia Nacional, competencia exclusiva del Senado o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Así fue la sesión en la que aprobaron la reforma al artículo 73
Durante la discusión para aprobar la reforma impulsada por Sheinbaum, el legislador Alejandro Carbajal González, perteneciente a la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, destacó que la reforma otorgará atribuciones al Congreso de la Unión para la expedición de una ley general en materia de extorsión.
Carbajal sostuvo que este delito afecta a familias mexicanas, y actualmente las redes delictivas aprovechan diferencias en las leyes estatales, “brincando de un territorio a otro y aprovechando las lagunas jurídicas”.
Por su parte, la diputada Tania Nanette Larios Pérez de la bancada del PRI, defendió la necesidad de respaldar a policías mediante una reforma constitucional al artículo 123 en materia de salario mínimo profesional. Larios argumentó que la extorsión es una herramienta de control utilizada por el crimen organizado para mantener la impunidad. Subrayó que su bancada ha presentado diversas propuestas legislativas para atender el aumento de esta problemática.
El diputado petista Ernesto Villarreal Cantú consideró la extorsión como el tributo de la delincuencia organizada, que, al instalarse, genera temor, afecta a los negocios y debilita el tejido social.
Con base en datos del INEGI, Villarreal apuntó que 9.7 de cada 10 casos de extorsión no se denuncian. Recalcó que la proliferación de este delito es resultado de los gobiernos neoliberales, los cuales dejaron desprotegida a la población.
En su intervención, la congresista del PVEM, Rebeca Peralta León subrayó que la reforma responde a una situación alarmante, dado que los comerciantes figuran entre los más afectados por la extorsión. Consideró la reforma un avance constitucional crucial para combatir este fenómeno de fondo y avanzar hacia la recuperación de la seguridad y tranquilidad ciudadana.
La panista Lizzette Salgado Viramontes citó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que en su apartado sobre la Ciudad de México, reporta que el 71.1 por ciento de los delitos no se denuncia. Señaló que entre los factores que desalientan la denuncia se encuentran las causas atribuibles a la autoridad, incluidas situaciones relacionadas con la extorsión.
Al concluir el debate, la legisladora morenista Martha Ávila afirmó que la reforma permite homologar la legislación y cerrar vacíos legales en las entidades federativas, así como establecer las bases para la coordinación entre los tres niveles de gobierno en un modelo nacional orientado a prevenir, investigar y sancionar estos delitos, priorizando la protección social y de las víctimas.
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