La actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) previsto para el siguiente año a diversos productos, entre ellos los cigarros, cuyo costo por cajetilla incrementaría en promedio 20 pesos más por unidad, podría generar diversas complicaciones.
La advertencia hecha por el gremio y distintos actores, ha despertado preocupación tanto en consumidores como en fabricantes, quienes señalan que este ajuste podría detonar efectos económicos y sociales más amplios de lo previsto.
Mercado negro
Es así que el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño) emitió una alerta sobre la propuesta del gobierno federal de aumentar la carga fiscal a productos como cigarros y refrescos, contemplada en el Paquete Económico 2026. Según la organización, la medida no solo afectaría a los pequeños comercios, sino que también podría incentivar la expansión del mercado ilegal de tabaco.
“Lejos de reducir el consumo de cigarros y bebidas azucaradas, podría generar pérdidas económicas para tiendas de abarrotes, misceláneas y supercitos (...) Los pequeños comerciantes serán los perdedores de esta reforma fiscal”, refirió Gerardo López Becerra, presidente del organismo.
Mal augurio
El dirigente recordó que una medida similar aplicada en 2010 elevó el precio de las cajetillas de cigarro en siete pesos, con ella se proyectaba reducir el consumo y recaudar más de 42 mil millones de pesos. Sin embargo, la recaudación apenas alcanzó 30 mil millones, mientras el consumo no disminuyó y el mercado ilegal creció de 2 a más del 20%, con una evasión fiscal anual de más de 13 mil millones de pesos.
La propuesta actual contempla un aumento del IEPS a más del 30% sobre el precio de los cigarros, lo que implicaría un incremento mínimo de 20 pesos por cajetilla en 2026, así como una cuota específica que pasaría de 0.6445 pesos en 2025 a 1.1584 pesos en 2030, escenario que podría intensificar la extorsión y las amenazas del crimen organizado, especialmente en estados como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Yucatán, donde se concentra la venta de diversas marcas ilegales de cigarros.
Problema adjunto y exhorto
Actualmente, se estima que hasta el 90% de las tiendas tradicionales en algunas regiones del norte del país son obligadas por grupos delictivos a comercializar productos de contrabando para evitar represalias.
La gravedad del problema se refleja en decomisos recientes: a finales de agosto, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) incautó más de 10 millones de cajetillas ilegales en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, equivalentes a 240 millones de cigarrillos, fabricados con materiales insalubres, como pasto, aserrín e incluso heces de animales, representando un riesgo directo para la salud de los consumidores.
El aumento de impuestos no puede considerarse algo aislado, pues los pequeños comercios ya enfrentan competencia de grandes cadenas, inseguridad y un mercado informal en expansión, indicó López Becerra en un comunicado donde exhortó al Poder Legislativo a desechar la propuesta y legislar con base en evidencia, promoviendo estrategias de salud, educación y prevención de largo plazo en lugar de depender únicamente de medidas recaudatorias.
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