Artículo 19 denuncia aumento en acoso judicial contra periodistas en México, documenta 51 casos en siete meses

Entre enero y julio de 2025, el acoso judicial contra periodistas en México alcanzó una cifra récord de 51 casos documentados, superando en solo siete meses el total anual de cualquier año previo, según el informe de la organización Artículo 19.

En su reporte titulado ‘Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México’, la organización señaló que este año se detectó una tendencia creciente de uso de demandas y procesos legales para restringir la actividad periodística e inhibir el derecho a la información.

Detalló que en total 39 periodistas (28 son hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación en 17 estados han enfrentado notificaciones legales entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2025, principalmente en Veracruz, Ciudad de México y Jalisco.

Es decir, en total, se inició un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días en promedio, lo que refleja un aumento en el uso de la legislación como herramienta de presión y censura contra la prensa, por lo que hizo un llamado urgente a revisar dichos marcos normativos.

“Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”, enfatizó.

En el informe se resaltó el abuso de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), la cual se ha empleado para limitar el debate público y eliminar publicaciones críticas.

La vía electoral acumuló 26 de los 51 casos (50.98%), seguida por la penal, con 14 casos (27.45%), y la civil, con 11 casos (21.57%). En ninguno de los procesos identificados se utilizó la vía administrativa durante el periodo analizado.

Entre los ejemplos señalados figura el caso de la periodista Lourdes Mendoza, demandada por daño moral por Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Mendoza enfrentó un interrogatorio de tres horas y desplegó una defensa activa en redes sociales y espacios periodísticos.

Artículo 19 advirtió que el acoso judicial funciona como un método de desgaste económico y emocional para periodistas y medios, ya que obliga al retiro de información publicada y envía un mensaje de advertencia a quienes ejercen la labor informativa.

Según cita el documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los litigios estratégicos contra la participación pública, conocidos como SLAPP, “socavan una amplia gama de derechos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, y el derecho a la participación pública”.

El año 2025 ya superó el récord de 40 casos documentados en 2021. Uno de los patrones identificados es el forum shopping, en el que un denunciante promueve procesos en diferentes instancias legales.

La periodista Karla Estrella, en Sonora, fue sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por publicar en X un tuit crítico sobre la diputada Diana Karina Barreras, lo que resultó en una multa, una disculpa pública obligatoria de treinta días, un curso de reeducación y su inscripción en el sistema de infractores electorales.

Mencionó que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, exhortó a sus colaboradores a iniciar procesos legales contra comunicadores, luego de que a principios de año dijo que: “Quien se crea lastimado en su prestigio puede hacer la demanda necesaria”.

Aseveró de los 51 casos reportados, 23 (45.10%) fueron impulsados por funcionarios públicos, 18 (3529%) por particulares y 10 (19.61%) por partidos políticos o candidaturas, destacando que el 60.87% de estos actores opera en el ámbito estatal.

El reporte advierte sobre la concentración del poder legal en autoridades públicas y la facilidad con la que pueden convertirse en denunciantes.

Destacó que casos recientes como el del periodista Jorge Luis González en Campeche –quien enfrenta procesos penales, civiles y de VPEG promovidos por el equipo de la gobernadora Layda Sansores– ilustran los riesgos de la sobre judicialización de la prensa.

Las autoridades locales han impuesto medidas cautelares, como la revisión previa de sus publicaciones por parte de un interventor.

La editorial Penguin Random House y el columnista Hernán Gómez también fueron demandados tras la publicación del libro “Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T”.

Artículo 19 consideró estos litigios como parte de la tendencia de censura por la vía judicial y añadió que entre los medios también se registran actos de censura, poniendo como ejemplo que el INE ordenó a Sin Embargo retirar un video por mencionar vínculos familiares de una candidata a la SCJN.

Resaltó que Héctor de Mauleón y El Universal recibieron medidas cautelares por columnas que revelaban supuestas conexiones de una candidata con redes de evasión de impuestos.

En el informe subrayó la importancia de los estándares internacionales y nacionales que protegen la libertad de expresión.

“Todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión”, cita el documento, e insiste en que la eliminación de contenido perjudica el derecho ciudadano a informarse y dialogar en una sociedad abierta.

La organización también advirtió que la reforma judicial podría intensificar la presión contra la prensa, por lo cual solicitó al Congreso modificar leyes para evitar que se usen delitos contra el honor como recurso represivo.

Según la organización, el acoso judicial se está consolidando en México como método de censura, con efectos directos sobre la prensa y el acceso a información y al debate público.