
El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) estableció un panel internacional para evaluar las acusaciones de violaciones a derechos laborales en un call center mexicano, las cuales resultaron existentes; lo que representó la primera derrota del Gobierno de México, evidenciando las malas prácticas que permitieron a Atento Servicios amedrentar a sus empleados.
El falló a favor de los Estados Unidos está relacionado a la disputa laboral entre Atento Servicios (Atento) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), un sindicato mexicano, en las instalaciones de Atento en Hidalgo. Este caso representa la primera resolución vinculante sobre una denegación de derechos laborales a través del mecanismo establecido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El panel acreditó que en las instalaciones de Atento, empresa dedicada a servicios de atención telefónica, se cometió una “denegación de derechos” vinculada a interferencia ilícita y discriminación antisindical, con prácticas que incluyeron creación de un ambiente de miedo, acciones reiteradas durante varios meses y discriminación contra la dirección del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). De acuerdo con la resolución, esta situación derivó en la “decapitación de la coalición sindical”, identificada como una violación grave a los derechos fundamentales de los trabajadores.
El fallo subraya que las acciones del Gobierno de México no resultaron suficientes para revertir las condiciones laborales dentro de Atento, a pesar de que las autoridades mexicanas concluyeron que la empresa había implementado medidas correctivas. El panel argumentó que, debido a la gravedad y carácter sistemático de las violaciones, el clima laboral no se modificó y la remediación no fue efectiva.
El embajador Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, declaró que la decisión reafirma la determinación del gobierno estadounidense de “garantizar que los derechos laborales se hagan cumplir adecuadamente bajo el T-MEC para asegurar condiciones equitativas” y de mantener la equidad en el entorno comercial regional; concluyó “los Estados Unidos continuarán utilizando este mecanismo innovador y efectivo de solución de controversias para proteger a las empresas y trabajadores estadounidenses y promover un comercio justo.”
La queja se originó el 28 de noviembre de 2023 ante el Comité Interinstitucional de Monitoreo y Cumplimiento Laboral (ILC por sus siglas en inglés), tras una petición presentada por el STRM con evidencia suficiente y creíble respecto a la denegación de derechos, mientras que la verificación y audiencia del caso ocurrieron entre el 12 y el 16 de mayo de 2025 en la Ciudad de México. La decisión se difundió oficialmente hoy, 21 de agosto de 2025 y tiene carácter definitivo.
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