Las protestas de contratistas y proveedores frente a la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz, suman más de cien días, con trabajadores apostados en el lugar debido a un adeudo millonario por parte de Pemex. Los manifestantes representan a alrededor de veinticinco compañías del sur de Veracruz que, desde el nueve de mayo, exigen el pago de obras y servicios realizados en 2023.
El adeudo, que ronda los mil 800 millones de pesos, corresponde a trabajos concluidos hace casi dos años. Esta deuda repercute directamente en la subsistencia de mil doscientas familias, ya que las compañías involucradas afirman que no tienen fondos para cubrir nóminas, lo que ha multiplicado la presión y el descontento.
La falta de pago llevó a cinco de las empresas contratistas a declararse en bancarrota, dejándolas fuera de operación y sin la capacidad para responder a compromisos laborales o fiscales. Otras empresas han optado por vender maquinaria y activos a precios de remate en un intento de evitar despidos masivos y sostener los pocos proyectos que aún mantienen en pie. Los trabajadores han desplegado lonas y pancartas en la entrada de la refinería, solicitando la intervención directa de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y de la gobernadora Rocío Nahle.
La demanda principal no solo es el pago inmediato de los adeudos, sino también la garantía de que situaciones similares no se repetirán en el futuro. No existe, hasta ahora, un pronunciamiento efectivo por parte de las autoridades estatales. El papel de Rocío Nahle ha sido motivo de rechazo en otras manifestaciones ya que es acusada de ignorar los conflictos que acontecen en el estado, así como de no establecer una negociación efectiva que permita desbloquear los recursos o establecer un diálogo con Pemex. Los trabajadores consideran que la indiferencia de la gobernadora agrava el impacto social y económico de la crisis.
En este contexto, los representantes de las compañías afectadas han anunciado que de no resolverse la situación viajarán a la Ciudad de México la siguiente semana para llevar directamente su demanda a la torre central de Pemex. Mientras tanto, la falta de comunicación oficial y respuestas concretas alarga la incertidumbre de cientos de familias, que dependen del rescate financiero de sus empresas para mantener sus ingresos y estabilidad.
También se ha criticado que las administraciones actual y anterior, han prometido sacar a Pemex de las deudas, así como una estabilidad que no se ve reflejada en la realidad de los trabajadores.
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