Corrupción inmobiliaria: proponen prisión preventiva oficiosa para servidores y particulares

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del PT, presentó una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política, con el objetivo de incluir la corrupción inmobiliaria dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.

El legislador explicó que el propósito de aplicar este mecanismo es que los responsables no eludan su responsabilidad: “La prisión preventiva oficiosa se plantea dada la gravedad del delito, para que el responsable no eluda su responsabilidad por sus actos”.

La corrupción inmobiliaria se define como la colusión entre servidores públicos y desarrolladores que facilita adjudicaciones directas de cambios de uso de suelo, compraventas ilegales de tierras ejidales, construcciones sin permisos y comercialización de inmuebles sin la infraestructura adecuada o fuera del marco legal. Según el documento, este fenómeno impulsa la gentrificación, el desplazamiento de comunidades, el encarecimiento de la vivienda y la desigualdad social, además de generar desfalcos millonarios en contratos inmobiliarios y problemas en el abastecimiento de recursos.

Jefas de familia y personas mayores, las más afectadas por despojos

En la Ciudad de México, los conflictos asociados a denuncias de despojo suelen derivar de distintas problemáticas, desde disputas familiares por patrimonio compartido hasta operaciones ilegales ejecutadas por funcionarios y operadores jurídicos. Las comunidades afectadas incluyen principalmente a mujeres jefas de familia y personas mayores sin recursos para defender su derecho a una vivienda digna. La falta de titulación legal aumenta su vulnerabilidad frente a despojos y desplazamientos sin acceso a representación legal adecuada.

El documento resalta la escalada en los costos de vivienda en varias entidades. En Querétaro, por ejemplo, los precios han alcanzado aproximadamente 2 millones de pesos, y hasta 3 millones en algunos municipios. “Si consideramos que el precio nacional de la vivienda en México en 2015 era de 1 millón de pesos, en Querétaro en tan solo una década esta se ha duplicado o triplicado, haciendo sumamente complicado tener la posibilidad de adquirir un patrimonio propio”, señaló el diputado.

La iniciativa establece transitorios específicos. El Congreso de la Unión tendrá un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para adaptar el Código Nacional de Procedimientos Penales e incluir el delito de corrupción inmobiliaria. Además, los servidores públicos y particulares que hayan cometido estas conductas en los 180 días anteriores quedarán sujetos a investigación conforme al nuevo precepto.

En un plazo de 180 días, el Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República deberán emitir lineamientos para la capacitación de personal de obra, procuración de justicia y notariado en materia de corrupción inmobiliaria. La Fiscalía también emitirá un informe público anual que incluya los casos iniciados, las sanciones aplicadas y los mecanismos de prevención implementados.

Con esta reforma, el legislador busca establecer un marco legal más estricto para combatir la corrupción inmobiliaria y proteger a las comunidades vulnerables frente a el despojo y el aumento indiscriminado de los precios de vivienda en todo el país.