
Los exlíderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias “El Z-40″ y “El Z-42″ respectivamente, son acusados por las autoridades mexicanas del asesinato de 17 custodios penitenciarios federales a pesar de encontrarse recluidos.
Esto fue revelado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la conferencia de prensa realizada este miércoles acerca de la entrega de 26 narcos a los Estados Unidos.
“Estos dos sujetos fueron responsables del homicidio de 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de los centros penitenciarios federales“, informó el funcionario.
De acuerdo con la información, los hermanos Treviño Morales también amenazaban y amedrentaban al personal en las prisiones durante su reclusión en centros penitenciarios federales.
Cabe recordar que la detención de de Miguel Ángel Treviño Morales ocurrió en julio de 2013 y la de Omar en marzo de 2015. Esto muestra que en poco más de una década -partiendo desde la detención de “El Z-40″, ambos habrían asesinado a más de un custodio al año.

Harfuch también explicó que los exlíderes de Los Zetas habían emitido recursos legales para postergar sus extradiciones a los Estados Unidos en más de 50 ocasiones.
“Por ejemplo, Miguel Ángel “N”, alias “Z-40”, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones. En el caso de Omar “N”, alias “Z-42”, su procedimiento fue pospuesto en 54 ocasiones", dijo.
Ambos hermanos fueron entregados a los Estados Unidos el pasado 27 de febrero en un paquete de 29 narcos, entre los que se encontraban Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, entre otros.
Los exlíderes mantienen su proceso en Washington D.C. por múltiples cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y empresa criminal continua.
Tras la segunda entrega de narcos llevada a cabo este martes 12 de agosto, Harfuch informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acordó que no buscará la pena de muerte para ninguno de los 55 hombres que enfrentarán la justicia en ese país.

Respecto a la entrega de los 26 narcotraficantes, Harfuch aseguró que fue una decisión tomada debido a que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas vinculadas con los delitos de extorsión, homicidios y secuestros.
“Estos delincuentes de alto perfil que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos“, señaló.
Tanto en la primera entrega de narcos como en la segunda, el funcionario explicó que los reclusos planeaban conseguir amparos y recursos legales para modificar su situación.
“Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se preveía que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados”, afirmó.
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