El grupo armado conocido como La Barredora, vinculado al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo de la justicia, operó durante años con impunidad en Tabasco, Chiapas y Veracruz, realizando actividades que van desde el narcomenudeo y la extorsión hasta el tráfico de migrantes.
De acuerdo con el exgobernador interino de Chiapas, el priista Willy Ochoa, el grupo criminal se formó como filial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el norte de Chiapas, antes de independizarse. “La Barredora cruzaba nuestras fronteras, operando en municipios del norte y oriente del estado con total impunidad”, dijo, al referirse a demarcaciones como Reforma, Juárez, Pichucalco, Palenque, Ocosingo y Benemérito de las Américas.
Las actividades de este grupo criminal incluyeron también el robo de combustible a ductos de Pemex, además del tráfico de drogas y trata de personas. Según la directora de Análisis y Estadística del Observatorio Ciudadano Tabasco (OCT), Julia Arrivillaga Hernández, el tráfico de migrantes fue una de las razones por las que el grupo se extendió hacia otras entidades del sureste mexicano.
“Tabasco es un paso obligado, y Chiapas era una puerta para el paso de migrantes… ese delito está vinculado al crecimiento de la violencia en la región”, sostuvo Arrivillaga en entrevista con El Universal.
Frontera sin control
La porosa frontera entre Tabasco y Chiapas —con más de 20 municipios colindantes entre ambos estados— fue aprovechada por La Barredora para moverse con libertad. La cercanía con Centroamérica, por medio de Chiapas, y la ruta migratoria hacia Estados Unidos, que atraviesa el sur de Veracruz, crearon el entorno perfecto para el crecimiento del grupo armado.
El incremento de la violencia en Chiapas desde 2019, bajo la administración del morenista Rutilio Escandón, evidencia —según especialistas— un abandono institucional y una permisividad que favoreció la expansión criminal. Enfrentamientos armados en zonas colindantes con Tabasco fueron solo una de las señales ignoradas por las autoridades.
“Chiapas tenía una buena percepción de seguridad… pero algo cambió”, subrayó Arrivillaga.
¿Justicia o golpeteo político?
Respecto a las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, la especialista en seguridad advirtió que pueden tener más tintes mediáticos que judiciales.
“Yo lo veo más político y mediático que con trasfondo de justicia… Parece más un golpeteo que un intento real por sentar precedentes”, expresó.
Finalmente, apuntó que la desconfianza hacia el sistema judicial mexicano es generalizada. “No lo digo yo, lo dicen las encuestas… Morena tiene una oportunidad para demostrar que realmente son distintos, como aseguran”, concluyó.
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