
Como parte de las actividades por el “Año del Cooperativismo”, la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados llevó a cabo la tercera mesa de trabajo dedicada al análisis del marco fiscal que regula a las organizaciones cooperativas.
El encuentro tuvo como objetivo identificar áreas de mejora, ambigüedades normativas y propuestas de reforma que permitan fortalecer al sector desde el punto de vista legal y operativo.
La sesión fue convocada por el presidente de la Comisión, el diputado Jesús Valdés Peña (Morena), y moderada por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT). Durante el diálogo participaron representantes de organizaciones cooperativas, expertos fiscales, asesores legislativos y miembros del notariado nacional.
En la reunión se retomaron planteamientos realizados en mesas anteriores, especialmente en lo referente a la regulación en materia de seguridad social y las cargas administrativas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a las cooperativas de ahorro y préstamo. Núñez Monreal subrayó que el objetivo del foro es producir propuestas concretas que puedan traducirse en reformas legislativas, no sólo en relatorías de discusión.
La diputada Ana Erika Santana González (PVEM) cuestionó que las iniciativas actuales en materia fiscal no contemplan una verdadera simplificación administrativa ni garantizan mecanismos de transparencia. Propuso realizar una revisión técnica del impacto de las normas fiscales sobre las cooperativas y utilizar ese análisis como base para solicitar modificaciones o detener elementos que considera regresivos.
Desde el ámbito profesional, Ricardo Gutiérrez, representante del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, planteó que los fedatarios públicos podrían colaborar con el Poder Legislativo en la revisión del marco normativo. Específicamente, sugirió que se incluya la participación de notarios en los procesos de constitución y registro de las sociedades cooperativas ante el Registro Público de Comercio.
Faltan definiciones claras, advierten
César Zepeda, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana (Mexicoop), alertó sobre vacíos legales en el Código Fiscal, particularmente la falta de definiciones claras como la de “estructura orgánica”, lo que genera interpretaciones diversas por parte de las autoridades fiscales y obstaculiza el funcionamiento de las cooperativas.
Por su parte, el asesor Mario Reiche coincidió en que es necesario revisar tanto el diseño jurídico como las implicaciones políticas del actual esquema regulatorio. Apuntó que se requiere una simplificación real de los procesos y una revisión del rol de los fedatarios públicos.
Finalmente, Rafael Martínez Ponce, presidente de la Alianza Cooperativista Nacional (Alcona), criticó que se exija una certificación adicional a las cooperativas de ahorro y préstamo que ya cuentan con autorización oficial. Advirtió que esta duplicidad genera sanciones económicas y representa un obstáculo operativo para las organizaciones del sector.
Los participantes coincidieron en la necesidad de mantener espacios de diálogo con el Congreso para incidir en la redacción de futuras reformas y asegurar que el marco normativo responda a las características propias del modelo cooperativo.
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