Durante la sesión permanente del Congreso capitalino, el pasado miércoles 9 de julio del 2025, la diputada Juana María Juárez López, representante de la bancada de Morena, denunció públicamente las tarifas excesivas e irregulares que afectan a personas usuarias del transporte concesionado en el sur de la Ciudad de México.
La funcionaria se refirió específicamente a las rutas 100 y 20, mismas que operan en las alcaldías de Xochimilco y Milpa Alta.
Juárez López exhortó al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y a la Secretaría de Movilidad (Semovi) para que realicen acciones de supervisión y, en caso de encontrar irregularidades, apliquen las sanciones correspondientes.
La legisladora destacó que mientras en las zonas céntricas de la capital existe una red de transporte público más amplia y accesible, en varias comunidades del sur la única alternativa para trasladarse son microbuses y vagonetas concesionadas.
“Las tarifas excesivas y las irregularidades en el cobro de transporte en las rutas 100 y 20 afectan directamente a cientos de personas usuarias que dependen de estos servicios todos los días”, advirtió.
Cobros arbitrarios sin información oficial
La ruta 100, detalló Juárez, tiene como base el pueblo de San Pablo Oztotepec (Milpa Alta) y recorre distintas comunidades de ambas alcaldías como San Salvador Cuauhtémoc, Santa Cecilia, San Lorenzo Atemoya y Nativitas.
En este trayecto, personas usuarias han denunciado el cobro de hasta 15 pesos por viaje, sin señalización visible ni tarifas oficiales publicadas.
“La tarifa depende arbitrariamente del criterio del conductor”, afirmó la diputada, quien aseguró que esta situación vulnera los derechos de los pasajeros y deja a las comunidades sin mecanismos efectivos para presentar denuncias.
Vagonetas cobran hasta 20 pesos por viaje
De acuerdo con la diputada, el problema aún más grave es el caso de la ruta 20, operada por vagonetas en la alcaldía de Xochimilco, que conecta Santiago Tulyehualco con el embarcadero Fernando Celada.
En su recorrido atraviesa pueblos como Nativitas, Santa Cruz Acalpixca, San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, donde las unidades —muchas sin placas ni identificación visible— cobran hasta 20 pesos por viaje, sin importar la distancia recorrida.
Juárez López alertó que estos cobros representan “Una carga económica desproporcionada” para habitantes de zonas con altos niveles de marginación y rezago económico.
Afirmó que violan lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México, que garantiza el derecho a la movilidad, con prioridad para usuarios del transporte público.
Llamado a supervisión, sanciones y tarifas claras
Ante este panorama, la diputada solicitó respetuosamente que tanto el INVEA como la Semovi supervisen con urgencia la operación de estas rutas y sancionen las irregularidades detectadas.
También pidió difundir de manera clara y accesible las tarifas autorizadas así como los mecanismos de denuncia para evitar abusos y garantizar justicia para quienes viven lejos del centro de la ciudad.
“Vivir en la periferia no debe significar pagar más”, recalcó, y agregó que incluso en el transporte concesionado se deben respetar las tarifas preferenciales para grupos vulnerables, como estudiantes, personas adultas mayores y con discapacidad.
Finalmente, pidió el respaldo de sus compañeras y compañeros legisladores para “continuar construyendo una ciudad de derechos”.
Por lo que el Congreso de la CDMX aprobó la supervisión de transporte en las alcaldías de Xochimilco y Milpa Alta.
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