Profepa clausura mina Santa Clara en Michoacán por irregularidades ambientales

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo una visita de inspección en materia de impacto ambiental a la mina Santa Clara, ubicada en el municipio de Angangueo, Michoacán.

Como resultado de la revisión, la autoridad detectó que el sitio opera sin la autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que derivó en la imposición de una clausura total temporal de las actividades.

La diligencia se realizó el 25 de junio con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a la extracción subterránea de minerales, en particular a los procesos de barrenación y uso de explosivos dentro de las bocas mineras. Durante la inspección, los técnicos detectaron diversas irregularidades además de la ausencia de autorización oficial.

Según el informe, las operaciones subterráneas de la mina Santa Clara no se apegan a los lineamientos ambientales vigentes. En el área del taller mecánico se identificaron derrames de aceite sobre suelo natural, mientras que en las rampas de inspección vehicular se observaron residuos de aceite usado y lubricantes, los cuales, debido a las lluvias, se dispersan hacia zonas de suelo natural. Además, la mina carece de un área de almacenamiento temporal para residuos peligrosos generados durante su proceso de extracción.

Por estas razones, la Profepa inició un procedimiento administrativo y dictaminó la clausura total temporal de las actividades en la mina. La mina Santa Clara, ubicada a un kilómetro al oriente de Angangueo, opera dentro de una zona de amortiguamiento e influencia del Área Natural Protegida conocida como Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, clasificada como área crítica de atención prioritaria.

La actividad principal de la mina es la extracción de plomo y zinc. Las operaciones de la mina Santa Clara iniciaron oficialmente el 15 de febrero de 2021; sin embargo, sus actividades de extracción minera en la región se remontan a 1997. Debido a su localización, las actividades de la mina tienen un potencial impacto en la biodiversidad y en el entorno ecológico de una región considerada estratégica para la conservación.

La Profepa informó que mantendrá el seguimiento al procedimiento administrativo y verificará el cumplimiento de las medidas ordenadas para resguardar la integridad del área protegida y hacer cumplir la normatividad ambiental.

Estas inspecciones se realizan debido a que las minas generan riesgos ambientales como contaminación de suelos y agua por residuos tóxicos, alteración del paisaje, pérdida de biodiversidad y emisión de polvo y gases.

La gestión inadecuada de desechos y químicos puede afectar ecosistemas y la salud de comunidades cercanas, además de provocar erosión y deforestación.