El exprocurador de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (PRODEAMA) en Sonora, Ramón Armando “N”, fue detenido este jueves 4 de julio por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en cumplimiento de una orden judicial por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra al menos cuatro víctimas.
Las denuncias interpuestas en su contra incluyen acoso sexual, abuso sexual agravado reiterado y violación agravada, de acuerdo a la confirmación de la FGJE, que aseguró que se lleva a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y con base en evidencia sólida.
La aprehensión del exfuncionario se realizó sin contratiempos y ocurre apenas unas semanas después de su jubilación, el pasado 30 de abril de 2025, lo que ha generado especulaciones sobre un posible intento de evadir la justicia, de acuerdo con declaraciones de familiares de las víctimas.
Cuatro víctimas identificadas hasta ahora
De acuerdo con fuentes oficiales, cuatro mujeres han sido identificadas como víctimas en el proceso, y se presume que los hechos ocurrieron durante el periodo en que Álvarez “N” se desempeñaba como titular de PRODEAMA, institución encargada de velar por los derechos de los adultos mayores en la entidad.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó la existencia de las denuncias y aseguró que se realizará una investigación completa e imparcial contra el exfuncionario.
Las víctimas han solicitado que se garantice el debido proceso y que el caso sea abordado con seriedad, sin privilegios por la condición política o social del imputado.
“Esperamos que la sociedad sonorense observe con atención el desarrollo de este caso. La detención de este exfuncionario público por delitos de esta naturaleza resalta la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de que la ley se aplique de manera justa e igualitaria para todos”, expresaron.
Audiencia inicial: viernes 5 de julio
La audiencia inicial de formulación de imputación está programada para hoy viernes 5 de julio, donde un juez determinará la situación jurídica del exprocurador y decidirá si se le vincula a proceso penal. Se espera que la audiencia sea pública, y familiares de las víctimas han solicitado la presencia de medios de comunicación.
Este caso ha encendido la alarma en Sonora sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para las víctimas de delitos sexuales, especialmente en contextos institucionales donde debería prevalecer la ética y la protección de los derechos humanos.
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