En un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, fueron detenidos siete elementos de la Policía Municipal de Frontera Comalapa, Chiapas, por presunta venta y distribución de drogas, específicamente cristal y marihuana.
La Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas informó que los uniformados —seis hombres y una mujer— estaban en posesión de 46 dosis de cristal y 23 de marihuana al momento de su detención. La acción se dio luego de recibir denuncias ciudadanas que señalaban a los agentes por su implicación directa en el narcotráfico local.
“Fueron denunciados por dedicarse a la venta y distribución de presuntos narcóticos”, indicó la dependencia en un comunicado oficial.
Policías convertidos en vendedores de droga
Los detenidos fueron identificados como Misael “N”, Juan “N”, Samuel “N”, Hugo “N”, Óscar “N”, Roberto “N” y Jacqueline “N”. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público y enfrentarán cargos por delitos contra la salud y posiblemente asociación delictuosa, dependiendo del avance de las investigaciones.
Este nuevo escándalo se suma a una cadena de hechos violentos y de corrupción que han puesto a Frontera Comalapa en el foco rojo de Chiapas. El municipio, ubicado en la región fronteriza con Guatemala, ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que disputan el control del territorio, rutas de trasiego y zonas de influencia.
Zona en disputa y bajo fuego
Desde hace al menos cuatro años, Frontera Comalapa ha registrado frecuentes actos de violencia, bloqueos carreteros, desapariciones forzadas y enfrentamientos armados, en una situación que las autoridades han tenido dificultades para contener.
Uno de los episodios más alarmantes ocurrió el pasado 8 de junio, cuando elementos de la Policía Estatal ingresaron a territorio guatemalteco para enfrentar a una célula criminal binacional, lo que generó un conflicto diplomático temporal.
La infiltración del crimen organizado en corporaciones policiales locales ha sido una constante denuncia de habitantes y colectivos civiles, que ahora se ve confirmada con este caso.
Con esta acción, se busca desarticular redes internas de corrupción que colaboran o se benefician de las actividades criminales que asolan a esta región fronteriza de Chiapas.
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