En el periodo extraordinario que se lleva a cabo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, con la que se busca dotar de mayores herramientas al gobierno federal en materia de seguridad.
Entre los legisladores que votaron en contra, Emilio Lara Calderón, del PRI, describió el sistema propuesto como un esquema de vigilancia máxima que violaría los artículos 6 y 16 de la Constitución.
Según lo expuesto en el dictamen, la creación de una plataforma central de inteligencia implica la integración y sistematización de información procedente de múltiples fuentes.
Esta plataforma permitiría reunir datos de instituciones federales, estatales y municipales, así como información en posesión de entes privados, con el propósito de potenciar la capacidad de análisis de las autoridades en materia de seguridad pública.
El priista argumentó que esta ley busca instaurar un control absoluto sin filtros judiciales ni contrapesos, permitiendo clasificar de manera indefinida acciones de espionaje bajo el argumento de seguridad nacional.
Voces en contra de la ley de Investigación e Inteligencia
Durante la tercera sesión del periodo extraordinario, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del PAN, expresó su preocupación respecto al contenido de la ley, argumentando que permite al Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, consultar, procesar, sistematizar, analizar y utilizar la totalidad de los datos personales de los ciudadanos.
La legisladora citó el artículo 12, fracción tercera, que detalla cómo el Ejecutivo podrá acceder a esta información.
Pérez-Jaén Zermeño advirtió que el alcance de la normativa no se limita únicamente a los datos resguardados por instituciones públicas, sino que, conforme al artículo 36, se creará una plataforma central de inteligencia destinada a sistematizar e interconectar tanto los datos personales como información sensible en poder de entes privados.
Esto, a su juicio, genera riesgos para la privacidad e intimidad de los ciudadanos.
En la discusión, también se destacó la funcionalidad de la plataforma de inteligencia planteada por la nueva ley.
En contraste, el bloque de Morena aseguró que con esta centralización de información, se tiene el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado para identificar amenazas, trazar patrones delictivos y actuar preventivamente en función de los datos analizados.
Integrar datos personales con información estratégica podría ofrecer a las autoridades herramientas para mejorar la seguridad pública; no obstante, permanece la preocupación sobre la dimensión del acceso a datos sensibles, la falta de filtros claros y la ausencia de mecanismos de control o consentimiento para los titulares de la información.
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