La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha un operativo nacional sin precedentes: brigadas autorizadas tocarán las puertas de los hogares en todos los estados para instalar nuevos medidores de luz, con el objetivo de sustituir los equipos antiguos por tecnología más precisa y automatizada.
Se trata de un programa obligatorio, incluso si el usuario no ha reportado fallas ni solicitado renovación del dispositivo.
El cambio
Dicho plan responde a la necesidad de reducir pérdidas no técnicas, como las conexiones ilegales -diablitos- y el subregistro de consumo, que han generado afectaciones millonarias al sistema eléctrico nacional. Asimismo, se busca homologar la medición de energía mediante dispositivos que permiten lectura remota, control de cortes y reconexión automática del servicio.
Los artefactos serán reemplazados por dispositivos inteligentes con tecnología AMI (Advanced Metering Infrastructure, por sus siglas en inglés) que permiten una medición más exacta del consumo eléctrico permitiendo con ello optimizar la calidad del servicio en el país.
No obstante, en redes sociales, diversos usuarios han reportado la llegada de personal identificado con chalecos y vehículos oficiales que solicitan acceso al medidor de luz. En algunos casos, el procedimiento se realiza sin explicar detalladamente al residente las implicaciones del cambio, lo que ha generado incertidumbre y desconfianza ante la inseguridad existente en diversas regiones del país.
Es preciso indicar que las visitas no son para cobrar deudas ni aplicar sanciones, se trata de una acción técnica dentro de las atribuciones de la CFE para asegurar el buen funcionamiento del servicio y preparar el terreno para un nuevo esquema de tarifas domésticas.
Especialistas advierten que este nuevo modelo beneficiará a quienes consumen poca energía, pero golpeará a las familias de clase media y usuarios con alto uso residencial, sobre todo en zonas de clima extremo donde el uso de aires acondicionados es constante.
Por su parte, la institución ha señalado que todo el personal acreditado porta gafete oficial y uniforme, por lo que recomienda a los ciudadanos verificar la identidad de los técnicos antes de permitirles el acceso. Aun así, persiste la preocupación entre usuarios que ven en esta medida una imposición sin suficiente transparencia ni consulta.
En paralelo, defensores de los derechos del consumidor piden mayor claridad sobre las implicaciones del nuevo sistema pues advierten que se avecina una supuesta etapa de ajustes económicos -incremento de precios- sensibles en el recibo de luz, ahora controlado con más precisión por los nuevos medidores inteligentes, situación que hasta el momento no ha confirmado la paraestatal.
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