En México, los siniestros viales son una de las principales causas de muerte infantil. Cada año, aproximadamente 75 mil niñas y niños de entre 0 y 9 años sufren lesiones por este motivo, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022).
Aunque los Sistemas de Retención Infantil (SRI) -sillas de coche- podrían evitar la mayoría de estas tragedias, su uso correcto y certificado sigue siendo una asignatura pendiente en el país.
El argumento
Los SRI, diseñados para proteger a menores de edad durante trayectos en automóvil, deben utilizarse desde el nacimiento hasta que el niño alcance al menos 145 cm de estatura. Sin embargo, en México solo el 28% de los menores entre 0 y 5 años y apenas el 12% de los de entre 5 y 11 años utilizan estos dispositivos. Y cuando se usan, muchos están mal instalados o son modelos sin certificación.
Un estudio conjunto de México Unido Libre de Lesiones Infantiles (MUNLI) y El Poder del Consumidor, realizado en 2024, analizó 303 modelos de SRI disponibles en línea en el país. Aunque el 84% de ellos afirma tener alguna certificación internacional, un 16% no proporciona información al respecto. Esto refleja un mercado desregulado que permite la comercialización de productos potencialmente inseguros.
La ausencia de una norma oficial mexicana que regule los SRI ha dejado a los consumidores sin guía clara. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) exige que todo menor de 12 años viaje en un SRI, pero no existen lineamientos oficiales que determinen qué dispositivos cumplen con los estándares mínimos de calidad y seguridad.
A pesar de que muchos dispositivos sin certificación cuestan lo mismo que los certificados, los consumidores enfrentan una oferta poco clara y, en ocasiones, engañosa. Incluso se detectaron productos vendidos como “dispositivos de seguridad infantil” que no cumplen con las definiciones técnicas de un SRI y no ofrecen garantía de protección.
Los especialistas coinciden en que es urgente la creación de una NOM que establezca estándares técnicos y de certificación obligatorios, la cual permitiría a los padres tomar decisiones informadas y fomentaría un mercado seguro y confiable. También se propone reforzar la legislación estatal y capacitar a personal de salud, autoridades y padres sobre el uso correcto de los SRI.
Mientras tanto, la infancia mexicana sigue expuesta, y el derecho de niñas y niños a una movilidad segura continúa siendo una deuda pendiente. URGE.
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