Un tractocamión con remolque tipo pipa, cargado con 40 mil litros de hidrocarburo, fue asegurado en el estado de Guanajuato, México, debido a la falta de documentación que acreditara la legal posesión y traslado del combustible.
El operativo fue llevado a cabo por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), a través de la Policía Estatal de Caminos (PEC), como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).
El incidente ocurrió el 4 de junio de 2025 en la carretera Celaya–San Miguel de Allende, cerca de la comunidad Estancia de Canal. De acuerdo con el reporte, el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i) alertó a las autoridades sobre un tractocamión marca Volvo, color rojo, que derramaba líquido sobre la vialidad.
Hidrocarburo sin posesión legal
De acuerdo con medios locales, entre ellos Celaya News, al llegar al lugar, los agentes realizaron una inspección preventiva y entrevistaron al conductor, identificado como José Luis “N”, de 36 años, originario del municipio de Cortázar. Durante la inspección, el conductor admitió no contar con la documentación requerida para el transporte del hidrocarburo.
Tras confirmar la irregularidad, las autoridades procedieron a detener al conductor y a asegurar tanto el vehículo como el combustible. Según detalló el medio, el caso fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en San Miguel de Allende, donde se investigará la posible comisión de delitos relacionados con el manejo ilegal de hidrocarburos.
Este operativo forma parte de los esfuerzos de las FSPE para combatir el trasiego ilegal de combustibles en el estado, una problemática que afecta tanto la seguridad como la economía de la región. Las autoridades destacaron que estas acciones buscan garantizar la legalidad y la seguridad en las principales vías de comunicación de Guanajuato.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reiteró su llamado a la ciudadanía para colaborar en la lucha contra actividades ilícitas, instando a reportar cualquier situación sospechosa al número de denuncia anónima 089. Según las autoridades, la participación ciudadana es clave para fortalecer la seguridad en el estado y prevenir delitos relacionados con el robo y transporte ilegal de hidrocarburos.
Qué se considera delito de hidrocarburos
Los delitos de esta índole incluyen el almacenamiento y transporte ilegal y está tipificado en el Artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. La sanción contempla penas de hasta 30 años de prisión y multas económicas, según lo estipulado por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (LFPSDCMH).
De acuerdo con esta normativa, se castiga a quienes sustraigan, comercialicen, almacenen o alteren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin autorización legal. Además, las penas incluyen multas económicas significativas, calculadas en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en el lugar donde se cometa el delito.
Según lo establecido en la ley, las sanciones aplican a diversas conductas ilícitas. Entre estas se encuentran la sustracción, compra, venta, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, así como la alteración de sistemas de medición o la adulteración de los productos.
También se penaliza la sustitución de hidrocarburos por otras sustancias sin autorización, así como cualquier daño o alteración a ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria petrolera. Estas acciones, además de ser ilegales, afectan la operación normal de las empresas del sector energético.
El marco legal contempla penas de entre 10 y 14 años de prisión, además de multas de 10 mil a 14 mil veces el valor de la UMA, para quienes obliguen o intimiden a otros mediante coerción, amenazas o violencia, con el objetivo de realizar actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos.
En el caso de que el responsable sea o haya sido trabajador, prestador de servicios, servidor público de la industria petrolera o miembro de instituciones policiales, las penas pueden incrementarse hasta en un 50% adicional. Esto se suma a las sanciones administrativas que puedan derivarse de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando corresponda.
Por otra parte, la ley sanciona la realización de intercambios o sustituciones de sustancias por hidrocarburos sin la debida autorización. Este tipo de prácticas representan un riesgo económico y pueden comprometer la seguridad de las instalaciones y de quienes trabajan en ellas.
Finalmente, cualquier daño o alteración a ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria petrolera, sin el consentimiento de las personas legalmente autorizadas, constituye un delito grave.
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