Los (baratos) restaurantes de García Luna, ex funcionario mexicano con doble sentencia en EE UU

Propiedades en México fueron adquiridas con fondos desviados, por lo que enfrenta cargos legales

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La justicia de EE. UU.
La justicia de EE. UU. ordenó a Genaro García Luna y su esposa pagar 2.400 millones de dólares al Estado mexicano. (Infobae)

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, eran dueños de diferentes propiedades en México, entre ellas un par de restaurantes.

Sin embargo, recientemente recibieron una sentencia en la que se les impuso una multa de más de 2 mil 400 millones de dólares tras ser sentenciados en un caso civil en Estados Unidos. La sentencia fue emitida por la jueza Lisa Walsh en una corte de Miami, Florida, y responde a un esquema de contrataciones ilegales que involucraron recursos públicos del Gobierno de México.

De acuerdo con la información publicada, García Luna deberá cubrir 748 millones de dólares, mientras que Pereyra tendrá que pagar 1,740 millones. La suma total será devuelta al Gobierno mexicano, que presentó la demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade.

Los contratos de García Luna y sus restaurantes

Los restaurantes de García Luna
Los restaurantes de García Luna en México fueron asegurados durante una investigación por enriquecimiento ilícito. (Anayeli Tapia/Infobae)

Según detalló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el caso se centra en un conglomerado empresarial familiar que, bajo la dirección de García Luna, obtuvo 30 contratos con diversas instituciones de seguridad pública en México, extrayendo recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares.

La UIF explicó que los fondos desviados fueron transferidos a Estados Unidos mediante el uso de paraísos fiscales para ocultar su origen. Parte de estos recursos se utilizó para adquirir bienes muebles e inmuebles en el estado de Florida.

En respuesta a estas actividades, la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluyó a García Luna y a los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas el 24 de diciembre de 2019.

Entre las propiedades relacionadas con el caso se encuentra el restaurante Los Cedros, registrado a nombre de Linda Cristina Pereyra. Este negocio operó en la Ciudad de México y Cuernavaca, Morelos, y fue asegurado en 2020 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como parte de una investigación por enriquecimiento ilícito.

Según registros del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), la marca “Restaurante Los Cedros” comenzó a usarse en 2007 y su vigencia expiró en 2017.

El restaurante de la Ciudad de México estaba ubicado en la colonia Paseos del Sur, en la alcaldía Xochimilco, específicamente en la calle Paseo de los Cedros 1. El inmueble, que abarcaba toda una esquina, destacaba por sus acabados de lujo y contaba con dos niveles, un cibercafé y una boutique en la planta superior. Por otro lado, la sucursal en Cuernavaca se encontraba en la colonia Lomas de la Selva, en la calle Gustavo Gómez Azcárate 500.

Los Cedros ofrecía un servicio básico de restaurante-cafetería y pastelería, con opciones económicas como desayunos buffet y menús completos por aproximadamente 50 pesos. Entre los platillos destacados se encontraban huevos norteños, chilaquiles con cecina y enchiladas rellenas de queso panela, con precios que oscilaban entre 70 y 90 pesos. Las bebidas incluían café, capuchinos y espressos, con precios de 18 a 30 pesos.

Además de los restaurantes, la PGR aseguró otras propiedades vinculadas a García Luna en 2020. Estas acciones formaron parte de una investigación más amplia sobre el ahora confirmado enriquecimiento ilícito del exfuncionario, quien ya enfrenta cargos penales en Estados Unidos por su relación con el crimen organizado y el desvío de recursos públicos.

La sentencia en Miami representa un nuevo capítulo en los procesos legales contra García Luna, quien fue una figura clave en la estrategia de seguridad del gobierno de Calderón. Según la UIF, las investigaciones han revelado una compleja red de corrupción que operó durante años, desviando recursos públicos y ocultando su origen mediante estructuras empresariales y financieras internacionales.

La primera sentencia de García Luna

En 2020, el Gobierno mexicano
En 2020, el Gobierno mexicano confiscó propiedades y negocios relacionados con el exsecretario tras confirmar actos de corrupción. (REUTERS/Tomas Bravo)

García Luna fue declarado culpable en noviembre del año pasado por facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Durante el juicio, presidido por el juez Brian Cogan, se presentaron pruebas y testimonios que llevaron a su condena.

Sin embargo, la defensa del exfuncionario sostiene que tanto el proceso judicial como la sentencia se basaron en evidencia que consideran errónea o falsa. Además, aseguran que los testimonios presentados en su contra podrían ser refutados mediante documentos que, según ellos, no fueron debidamente considerados.

La condena de García Luna marcó un hito en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, al tratarse de un alto funcionario que ocupó un cargo clave en el gobierno mexicano. Su caso ha generado un intenso debate tanto en México como en Estados Unidos, debido a las implicaciones políticas y legales que conlleva.

La defensa busca ahora revertir la sentencia, argumentando que el juicio estuvo plagado de irregularidades y que las pruebas presentadas no son concluyentes. Sin embargo, la condena a 38 años de prisión por cargos de narcotráfico se postergó, pues ha recibido una nueva prórroga de 60 días para presentar su apelación.

Según informó Grupo Multimedios, esta extensión fue aprobada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y vencerá el próximo 19 de septiembre. La decisión responde a una solicitud de los abogados de García Luna, quienes argumentaron dificultades significativas en la preparación de su caso.