La ley que permitió el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y que Venustiano Carranza puso en vigor

En enero de 1862 los barcos franceses llegaron al Puerto de Veracruz, de esa manera inició la Segunda Intervención Francesa. El plan era establecer en México un gobierno sometido a la voluntad de Francia, aunque el pretexto fue una moratoria del pago de la deuda que para ese momento ya había sido derogada.

Entonces, como la intervención militar era una amenaza real y probable, el presidente Benito Juárez decretó la Ley del 25 enero de 1862, dicho reglamento medidas de defensa nacional frente a la posible invasión de tropas extranjeras y autorizaba al Poder Ejecutivo a emprender todas las acciones necesarias para salvaguardar la soberanía del país.

En términos concretos, la ley permitía al gobierno de Benito Juárez juzgar como traidores a la patria a todas las personas, nacionales o extranjeros, que participaran en la invasión militar o la apoyaran. Además, estableció el castigo para todos ellos la pena de muerte.

Esta ley fue el amparo legal que tuvieron los republicanos para los fusilamientos durante la Segunda Intervención Francesa. Maximiliano, el 3 de octubre de 1865, realizó un decreto similar que castigaba a todos los que apoyaran a la república con la muerte, ya fuera con armas o solamente con información.

Tiempo después, cuando Maximiliano se rindió en el Sitio de Querétaro, se le inició un juicio a él y a sus principales militares en ese momento, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Dicho proceso estuvo realizado bajo la ley del 25 de enero de 1862 que, como lo marcaba, castigó al archiduque y a sus colaboradores con el fusilamiento el 19 de junio de 1867.

La Ley de Enero de 1862 fue el amparo legal a la crisis política y militar de México que fue la Intervención Francesa, cuando terminó la principal amenaza para la república y se restauró el orden del gobierno de Benito Juárez, la ley dejó de estar en vigor.

Sin embargo, la ley volvió a entrar en vigor durante la Revolución Mexicana y fue por orden de Venustiano Carranza. En febrero de 1913 ocurrió el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica donde varios militares, con el apoyo de Victoriano Huerta, derrocaron a Francisco I. Madero y, posteriormente, fue asesinado.

Victoriano Huerta se volvió presidente el 19 de febrero de 1913, desde ese momento ya había oposición a su gobierno. Destaca el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien se negó a reconocer al general por considerarlo un usurpador y, además, recibió por el Congreso de su estado facultades extraordinarias para defender el orden constitucional.

El 14 de mayo de 1913, ya como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza publicó un decreto que reestablecía la Ley del 25 de enero de 1862, con el principal propósito de “juzgar al general Victoriano Huerta, a sus cómplices, a los promotores y responsables de las asonadas militares,” y a todos los que colaboraran con el gobierno usurpador.

La ley estuvo vigente durante casi toda la Revolución y tenía, al igual que en los tiempos de Benito Juárez, el fin de darle un respaldo legal a los fusilamientos de los constitucionalistas y margen de acción a Carranza.