Aunque la Ciudad de México ha mostrado avances importantes en la capacidad de su sistema de justicia penal, problemas estructurales como la ineficiencia procesal, la desconfianza ciudadana y la falta de coordinación institucional continúan afectando su funcionamiento, advierte el informe “Hallazgos desde lo local 2023” elaborado por la organización México Evalúa.
El estudio, que analiza el desempeño del sistema penal acusatorio en la capital del país, destaca que la CDMX escaló al noveno lugar nacional en el Índice de Capacidad, al alcanzar 694 puntos de mil, una mejora notable respecto a los 548 obtenidos en 2022. Este avance refleja, entre otros factores, una mayor dotación de personal, con 19.7 fiscales del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, frente al promedio nacional de 12.9.
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Además, se identificaron indicadores positivos como la mayor proporción de procesos iniciados por flagrancia (68.7%) y un 13.77% de víctimas representadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que lograron acceder a la reparación del daño. También, el porcentaje de personas en prisión preventiva sin sentencia (25.3%) es menor al promedio nacional (37.9%).
Desafíos pendientes
No obstante, la evaluación subraya desafíos persistentes. Más de la mitad de las carpetas de investigación (56.5%) permanecen estancadas sin llegar a vinculación a proceso, a pesar de haberse recibido más de 242 mil denuncias en 2023.
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La percepción ciudadana también evidencia un déficit de confianza: sólo el 38.6% de los encuestados expresó confianza en el Ministerio Público, muy por debajo del promedio nacional (58.1%). La percepción de corrupción en esta institución alcanzó un alarmante 81.7%. Las autoridades judiciales (45.9%) y la policía ministerial de investigación (48.8%) también presentan niveles de confianza por debajo de la media nacional (59.1%).
El informe advierte además sobre la débil coordinación entre instituciones del sistema penal. La instancia responsable de articular las labores dentro de la Fiscalía carece de funciones claras y de información pública sobre su operación.
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Oportunidades desaprovechadas
Otro foco de preocupación es el escaso aprovechamiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC): sólo el 0.64% de los casos fue canalizado al órgano especializado, frente al 6.3% a nivel nacional. Asimismo, persiste un uso excesivo de salidas procesales poco efectivas, como el archivo temporal (63.8%) y las declaraciones de incompetencia por parte de la Fiscalía (30.2%).
En cuanto al acceso a medidas cautelares en libertad, tanto hombres como mujeres representados por la Defensoría Pública obtuvieron resultados por debajo de la media nacional, lo que refleja debilidades en la gestión y calidad de la defensa.
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Una reforma de fondo
“Hoy la capital cuenta con mejores condiciones institucionales que muchas otras entidades del país. Esto confirma que invertir en capacidad sí da frutos, y que es posible construir un sistema de justicia penal más sólido cuando hay voluntad política y continuidad técnica”, señaló Mariana Campos, directora de México Evalúa.
Por su parte, Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de la organización, enfatizó la necesidad de una transformación profunda: “No podemos hablar de un sistema de justicia funcional si más del 60% de los casos se archivan y hay una mala percepción ciudadana hacia policías, jueces y agentes del MP. La mejora de fondo pasa por recuperar la confianza pública, profesionalizar a las instituciones y, sobre todo, lograr que trabajen de forma articulada”.
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Recomendaciones de México Evalúa
El reporte concluye con una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de justicia penal en la Ciudad de México:
- Fortalecer la coordinación interinstitucional.
- Construir un plan de persecución penal participativo con colectivos de víctimas.
- Mejorar la confianza en las instituciones de justicia.
- Ampliar la difusión y uso de los MASC.
- Reforzar las capacidades de la Defensoría Pública con una gestión eficiente y de calidad.
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