Se hizo pasar como líder indígena en Edomex para apropiarse de terrenos pero José “R” ya fue capturado y vinculado

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez vinculara a proceso a José “R” por su presunta participación en el delito de despojo agravado de inmuebles.

Según informó la FGR, el caso está relacionado con los hechos ocurridos en octubre de 2021, cuando junto a mil personas ocupó terrenos federales en el vaso del Lago de Texcoco.

Según informó la dependencia, los terrenos afectados, conocidos como La Oreja, El Salado y El Caracol, son propiedad nacional y forman parte de la zona federal del lago.

Detalles y antecedentes de su vinculación

Según informó la FGR, el caso está relacionado con la ocupación violenta del predio conocido como “El Salado”, ubicado en la reserva ecológica de la Zona Federal del ex Lago de Texcoco, en el estado de Hidalgo, terreno que se encuentra bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

De acuerdo con el comunicado emitido por la FGR, los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de octubre, cuando aproximadamente mil personas ingresaron a los terrenos federales y comenzaron a construir viviendas.

José “R” presuntamente ingresó al predio recurriendo a la violencia y durante esta acción, el contingente desalojó al personal de Protección Federal que se encontraba resguardando el lugar.

La ocupación del terreno, que forma parte de una reserva ecológica, generó una denuncia formal por parte de CONAGUA, lo que dio inicio a las investigaciones correspondientes.

Según reportes, los ocupantes llegaron al lugar en más de 150 vehículos particulares, algunos de ellos cargados con materiales de construcción como tablas y láminas.

Además, utilizaron una máquina de trascabo para delimitar los terrenos y realizar trabajos de limpieza en la zona. Los ocupantes se identificaron como miembros de la comunidad de Santa María Tulpetlac, quienes argumentaron que estaban llevando a cabo una “invasión masiva” para establecer viviendas en el área.

La Conagua aseguró que contaba con documentación que respaldaba el derecho de propiedad nacional sobre el vaso del Lago de Texcoco y su zona federal.

En un comunicado de prensa, la dependencia destacó que colaboraría estrechamente con la FGR para aportar toda la información necesaria en las investigaciones correspondientes con el objetivo de garantizar que se tomaran las medidas legales pertinentes contra los responsables de esta ocupación.

Según el comunicado, la dependencia buscaba que se respetaran los derechos de propiedad nacional y se evitara cualquier daño adicional al ecosistema del Lago de Texcoco.

El caso fue llevado por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILC) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Según detalló la FGR, el MPF presentó los elementos de prueba necesarios para que la jueza del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, determinara la vinculación a proceso de José “R”. Además, se otorgó un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria.

José “R” en medio de la controversia

Por otro lado, Cristóbal Romero, abogado defensor y señalado como cómplice en actividades ilegales relacionadas con la venta de terrenos, se presentó e 2023 en el Congreso del Estado de México como representante de una supuesta comunidad indígena de Santa María Tulpetlac, localidad que, según denuncias de pobladores, no existe.

De acuerdo con información publicada por Contrapapel, esta acción busca obtener beneficios legales y económicos mediante el reconocimiento estatal de 103 localidades como pueblos indígenas en la entidad.

Según el medio, Romero y José “R”, otro presunto líder involucrado en actividades ilícitas, ya habrían solicitado formalmente este reconocimiento ante la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Mexiquense. Ambos enfrentan procesos penales a nivel federal por delitos como invasión de predios y la movilización de fraccionadores ilegales.

La estrategia de estos líderes, según los pobladores inconformes, incluye engañar a cientos de familias de Ecatepec con la promesa de otorgarles terrenos en áreas federales a cambio de pagos económicos, pues de concretarse el reconocimiento solicitado al Congreso, los involucrados podrían acceder a recursos presupuestales, reconocimiento federal e incluso inmunidad bajo el argumento de pertenecer a un grupo vulnerable.

Además, el historial de José Cruz Roldán incluye una condena de más de siete años de prisión por la venta ilegal de terrenos en la Sierra de Guadalupe.

En 2019, convocó a una invasión masiva en predios destinados a la construcción del Nuevo Aeropuerto de Texcoco, colindantes con las colonias Las Américas y El Salado. Aunque esta acción fue impedida por fuerzas federales, Roldán prometió incluso la construcción de iglesias evangélicas y cristianas para atraer más seguidores.

También se le acusa de vender terrenos en diversas zonas de Ecatepec, como Josefa Ortiz de Domínguez, La Palma, El Ostor, Almárcigo Norte y Sur, y Lomas de San Carlos.

Por su parte, Contrapapel señaló que Cristóbal Romero y José “R” podrían tener vínculos con Guillermo Fragoso Báez, ex regidor municipal de Ecatepec y líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON).

El medio también señaló que Fragoso Báez, quien cuenta con múltiples carpetas de investigación por diversos delitos, habría recibido apoyo de estos líderes en su candidatura como diputado por el PRD durante las elecciones intermedias de 2021.

El medio también señaló que estos fraccionadores clandestinos habrían operado durante el periodo de gobernación de Eruviel Ávila Villegas.

Pobladores de Ecatepec denunciaron que ni Romero ni Roldán tenían vínculos reales con comunidades indígenas, lo que reforzó las sospechas de que su solicitud ante el Congreso busca únicamente obtener beneficios personales.