
A las 12:00 horas del 12 de mayo, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, encabezó una conferencia de prensa con la comunidad estudiantil y los familiares de Erick Torbellín, menor de 13 años que falleció tras asistir a un campamento en la Academia Militarizada Ollin.
Los primeros reportes médicos revelaron que la víctima presentaba graves lesiones en la zona abdominal y fracturas que aparentemente le causaron la muerte, lo que generó varias denuncias contra la institución escolar y las autoridades. Hasta el día de hoy se confirmó que el fallecimiento habría sido consecuencia de golpes que ocasionaron el colapso de sus órganos internos.
En su declaración ante medios, la dirigente capitalina destacó que el caso ha propiciado la apertura de nueve denuncias por agresiones y al menos otras diez en proceso, relacionadas con delitos de violencia contra menores dentro de la institución. Entre los señalamientos destacan castigos severos y casos de negligencia médica, presuntamente derivados del abuso de autoridad incentivados por el personal docente.
“Mi obligación es proteger el interés superior de la infancia en la Cuauhtémoc. Tenemos 19 denuncias y 4 pendientes que se suman a esta atrocidad, todos compañeros de Erick”, apuntó.
Confirman abusos de la Academia Militarizada Ollin
Frente a madres y padres de la comunidad estudiantil, Rojo de la Vega calificó a la academia como un centro de tortura e instó a los presentes en reflexionar sobre el cuidado de los menores, señalando que las infancias violentadas cargan con severos daños en su desarrollo integral: “El que calla ante una ilegalidad se vuelve en cómplice”.

Aunque las instalaciones educativas continúan en suspensión temporal y los implicados se encuentran bajo prisión preventiva, la mandataria señaló que las autoridades han mostrado indiferencia ante las agresiones sufridas por los niños.
Durante la conferencia, se abrió un espacio de diálogo para que otros familiares presentaran públicamente sus denuncias. Los testimonios revelaron casos de menores con fracturas, quemaduras, infecciones y secuelas psicológicas derivadas del maltrato ejercido por los superiores: “No vamos a parar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.
Actualmente, la escuela opera de forma virtual; sin embargo, se denunció que podría estar funcionando de manera irregular. Como evidencia, se presentaron boletas emitidas por la institución que resultaron ser apócrifas, lo que podría indicar que algunos niños no están debidamente registrados ante la SEP.
En razón de ello, las autoridades están investigando si los estudiantes de nivel primaria y preescolar, donde se han detectado estos casos de boletas falsas, realmente están inscritos en el sistema educativo oficial.
Erika Torbellín, madre del menor, destacó en su intervención que llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que quede en la impunidad. Además, hizo un llamado a la justicia, señalando el dolor de haber tenido que ver a su hijo sin vida, mientras la institución educativa continúa cobrándole las colegiaturas.
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