A cuatro años del desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), propiedad del empresario Carlos Slim, reafirmó que no existe resolución judicial que la responsabilice por el incidente. La empresa sostiene que el siniestro fue consecuencia de un diseño estructural deficiente y de la falta de mantenimiento por parte de las autoridades, factores que, asegura, están fuera de su competencia.
En un comunicado difundido este 6 de mayo, CICSA rechazó categóricamente cualquier imputación relacionada con el colapso ocurrido la noche del 3 de mayo de 2021 entre las estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco, que provocó la muerte de 26 personas y dejó a más de 100 lesionadas.
La empresa aseguró que su participación en la obra se realizó conforme a los más altos estándares de ingeniería, tanto nacionales como internacionales. Destacó que en su momento, instituciones especializadas como el Colegio de Ingenieros Civiles de México, SYSTRA y TÜV Süd Rail GmbH avalaron la calidad de la ejecución. Además, señaló que al concluir su labor, entregó a las autoridades correspondientes un manual de mantenimiento con especificaciones técnicas que incluían inspecciones regulares, particularmente después de sismos mayores a 6.5 grados. Desde la entrega de la obra hasta el día del accidente, se registraron al menos 14 sismos con esas características, puntualizó la compañía.
Deslinde de responsabilidades
El deslinde de responsabilidades se da en el contexto de una manifestación encabezada por víctimas del colapso, representadas por el abogado Teófilo Benítez, frente a las oficinas corporativas de CICSA en Plaza Carso. Los manifestantes señalaron que un Tribunal Colegiado concedió un amparo que obliga a revisar las indemnizaciones, tomando en cuenta la capacidad económica de la empresa involucrada.
CICSA también hizo referencia a su participación en la rehabilitación del tramo colapsado, la cual emprendió de manera solidaria tras el llamado público del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que esta acción no implicó en ningún momento una admisión de responsabilidad legal, sino un compromiso social con los usuarios del sistema de transporte.
Asimismo, la constructora indicó que ha colaborado con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y con la Fiscalía General de Justicia capitalina en el proceso de reparación del daño a los afectados. De acuerdo con su comunicado, más del 95% de las personas impactadas por el siniestro ya han sido atendidas mediante este mecanismo. Finalmente, CICSA reiteró que los peritajes realizados coinciden en que las causas del colapso están relacionadas con errores de diseño y omisiones en el mantenimiento, aspectos que no recaen en la constructora. Insistió en que ninguna autoridad ha determinado la existencia de fallas atribuibles a su labor de construcción.
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