
En un esfuerzo por recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública, congresistas de Morena, PT, PRD y PRI respaldaron la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad del Estado de México que plantea la certificación obligatoria para titulares de seguridad pública municipal.
La iniciativa, promovida por los legisladores Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, busca garantizar que los mandos policiacos estén profesionalizados y preparados para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad.
Durante una sesión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por el diputado Mariano Camacho, se destacó que esta propuesta responde a la necesidad de contar con una gestión policial integral, basada en la formación, capacitación y constante actualización de los elementos de seguridad pública.
Camacho San Martín subrayó que la certificación deberá ser impartida por la Universidad Mexiquense de Seguridad, conforme a su oferta académica vigente, con el objetivo de asegurar una preparación técnica y estratégica de los mandos.

Asimismo, indicó que la reforma permitirá adoptar una visión de liderazgo más enfocada a las necesidades específicas de los municipios, fomentar la coordinación entre corporaciones y actualizar los modelos policiales con uso de herramientas tecnológicas.
“El fortalecimiento de los cuerpos de seguridad no solo depende de equipamiento o número de elementos, sino de la capacidad de quienes los dirigen para tomar decisiones con enfoque estratégico y sentido de responsabilidad social”, puntualizó el legislador priista.
El respaldo a esta propuesta fue evidente entre los grupos parlamentarios. La diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez y Elena García Martínez, ambas de Morena, coincidieron en que la iniciativa promueve un marco legal más efectivo, y coadyuva a la profesionalización y dignificación del trabajo policial.
Por su parte, Ernesto Santillán Ramírez, diputado del Partido del Trabajo, remarcó la relevancia de contar con estándares más altos de profesionalización, considerando los casos de corrupción y vínculos delictivos que han afectado la imagen de los cuerpos policiacos.
“La certificación no solo es una exigencia institucional, sino una vía para recuperar la credibilidad ante la sociedad”, señaló.

Desde el PRD, la diputada Araceli Casasola Salazar se sumó al respaldo de la propuesta, aunque planteó que la certificación se extienda a todos los cuerpos policiacos, no solo a los mandos. Además, subrayó que la sociedad también tiene responsabilidad en el combate a la corrupción, al exigir rendición de cuentas y actuar con participación ciudadana.
De acuerdo con la iniciativa, los ayuntamientos serán los encargados de proponer a las personas titulares de seguridad pública municipal, quienes deberán contar previamente con la certificación correspondiente, y su designación será aprobada solo si cumplen con los requisitos de formación académica y experiencia profesional.
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