
Respecto a las fuertes críticas por parte de las organizaciones acompañantes y familiares de las víctimas, sobre la resolución del Tribunal de Justicia de Ciudad Juárez por la suspensión condicional e impunidad para Francisco Garduño Yáñez, exdirector del Instituto Nacional de Migración (INAMI), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que continúa la investigación.
“Ya avanzó más la investigación... Es la fiscalía, nosotros no tenemos atribuciones, es la fiscalía, vamos a revisar pero hay una investigación que se hizo de las responsabilidades, cómo fueron las responsabilidades, se puede informar de qué y cómo fueron las resoluciones y cuál fue la investigación”, respondió la mandataria tras deslindar a su gobierno y atribuir a la Fiscalía de Chihuahua las decisiones en contra del exfuncionario.
Las acusaciones
La noche del 27 de marzo de 2023, en la estación migratoria de Ciudad Juárez -instalada a unos metros de la frontera con El Paso, Texas-, hubo un incendio que inició en una celda bajo llave en la cual murieron 40 migrantes asfixiados por el humo; otros 27 resultaron con lesiones de por vida; y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático.
Posteriormente salieron a la luz irregularidades, abusos y omisiones graves que derivaron y contribuyeron a la letalidad de la conflagración en una celda bajo llave, saturada, sin extintores, sin ventilación, sin rociadores contra incendios y con detectores de humo sin funcionamiento, que se convirtió en una trampa mortal para migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y venezuela.
Pese a ello, la Fiscalía General de la República (FGR) inició las investigaciones y vinculó a quien encabezó el INM y a otras siete personas por su presunta responsabilidad en la serie de omisiones que provocaron el incendio, proceso judicial que el titular llevó en libertad, sólo seis lo enfrentaron en prisión.
El dictamen
Más de dos años después de lo ocurrido, el Tribunal Colegiado de Apelación en Ciudad Juárez, Chihuahua, ratificó la suspensión del proceso penal contra el ahora exdirector, decisión que fue comunicada tras una audiencia celebrada el pasado 2 de abril.
La resolución confirma que continuará en libertad bajo ciertas condiciones impuestas por el juez de control Víctor Manlio Hernández, quien inicialmente concedió la suspensión del proceso desde el 24 de enero. De igual forma se detalló que el servidor público deberá cumplir un par de condiciones para mantener su libertad, mismas que podrían derivar en su futura absolución.
- La implementación de un plan de reparación del daño a las víctimas.
- La obligación de ofrecer una disculpa pública.
Cabe decir, que hasta el momento, el segundo punto sigue pendiente de realizarse, situación que ha generado descontento entre los familiares de quienes perdieron la vida en el trágico indicente.
A partir del 29 de abril, Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla, asumió la titularidad del instituto implicado, cargo cuya designación se postergó por varios meses debido a la coyuntura arancelaria con Estados Unidos.

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