Mariana Rodríguez Cantú y Lupita TikTok, dos figuras públicas notables en Nuevo León, dominan la conversación en redes sociales en las últimas horas. A través de un video difundido en Instagram, la esposa del gobernador Samuel García y presidenta del DIF Capullos, expuso que la institución podría resguardar a la hija de la tiktoker, señalada de presunta negligencia parental.
En la transmisión, Mariana Rodríguez detalló que ordenó un seguimiento del caso, luego de que usuarios de redes sociales alertaran sobre un potencial riesgo para la menor. “Ya está el DIF enterado, está interviniendo porque ayer tuvieron que internar a la bebita de emergencia. Ya estamos enterados, trabajando, lo más probable es que la bebé llegue a Capullos”.
Rodríguez mencionó que Lupita TikTok y su esposo, tiktoker identificado como ‘Medellín’, dieron positivo a un test de detección de drogas: “El día de hoy se citaron a los adultos encargados de la bebé y hay un tema de consumo de sustancias de por medio. No es que queramos quitar o no a la bebé, pero hay un consumo de sustancias que no es aceptable”, dijo.
A su salida del Hospital Regional Materno Infantil de Nuevo León, Lupita TikTok negó los señalamientos y desestimó la posibilidad de que el DIF asumiera el cuidado de su hija: “Es mentira. Yo la quiero mucho, la respeto, la adoro”.
Intervención de Mariana Rodríguez divide opiniones
La injerencia de Mariana Rodríguez influyó directamente para que el caso se volvieran tendencia en redes sociales. Sin embargo, su participación ha dividido comentarios en X, antes Twitter, donde un amplio grupo de usuarios acusan a la presidenta del DIF de capitalizar la tragedia y frivolizar la situación.
El debate se intensificó por una publicación hecha en X, donde Rodríguez fue señalada de violar derechos de la menor: “Mariana Rodríguez contando como chisme a todo mundo que la bebé de Lupita Tiktok fue internada de emergencia y se la van a quitar. Wey, qué bueno que el DIF rescate a la bebé, pero por qué la expones y de que te ries????”
Dicha postura fue respaldada por un amplio grupo de usuarios, pero también fue desafiada por seguidores de Mariana Rodríguez,lo que abrió un debate en la red social:
- “Los fans de mariana creyendo que lo que esta sufriendo esa bebé es información pública, la mamá es la que es “influecer” no ella. Ella es una recién nacida y si la mamá no lo hace por lo menos el DIF debería proteger su privacidad".
- “Yo si creo que es importante que lo visibilice, para que la gente que la defendía a capa y espada, se dé cuenta que a pesar de ser famosa no estaba bien mentalmente para tener un bebé, y pues realmente no da detalles de quién es, pero al ser famosa, asumimos”
- “Soy la hater número 1 de mariana, pero lo que hizo, razonablemente, es indicar porque el DIF intervino, porque la bebe a días de nacida ya está en emergencias. Exponerla sería decir está en emergencias por su culpa por bla bla bla, y eso no hizo”
- “La gente que defiende a esa Lupita está mal de la cabeza, Mariana ni siquiera dijo nombres y si todos suponen que es Lupita es porque ya saben que es una pésima madre”
Esto dice la ley sobre difundir imágenes y datos de menores y adolescentes víctimas de un delito
Tras la polémica generada por Mariana Rodríguez, la atención se centra en lo que establece la ley mexicana respecto a la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de un delito.
Aunque la funcionaria no reveló el nombre de la madre —conocida como Lupita TikTok— ni el de la menor, fue señalada por divulgar que tanto la mujer como su pareja habrían dado positivo a cocaína. Esta información desató críticas por posible revictimización y exposición indebida.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 77, establece que cualquier manejo de imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan identificar a un menor y que afecte su honra o reputación, será considerado una violación a su intimidad. Esto aplica tanto en medios de comunicación tradicionales como digitales.
Además, la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por México, establece en su artículo 16 que ningún menor puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada ni de ataques a su honra, y que tiene derecho a la protección legal frente a estas acciones.
En el ámbito federal, los artículos 148 y 149 de la misma ley señalan que los servidores públicos que divulguen o toleren información que vulnera los derechos de menores pueden enfrentar multas de hasta 30 mil días de salario mínimo. Las sanciones aumentan si la información permanece disponible en medios digitales.
El caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad ética y legal de los funcionarios al tratar casos que involucran a menores.
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