Luego de que circuló en internet la noticia de que una empresa estadounidense estaba poniendo a la venta una isla mexicana ubicada en Baja California Sur, la indignación y el enojo por parte de la población se hizo presente en redes sociales.
Ante esta situación, Infobae México realizó una investigación y encontró que los extranjeros interesados en adquirir bienes raíces en México pueden hacerlo si cumplen con una serie de disposiciones legales que regulan este proceso, especialmente en las zonas denominadas “restringidas”.
Además, se halló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la propiedad de la tierra y el agua dentro del territorio nacional pertenece a la Nación pero también se estipula que tiene la facultad de transferir derechos de propiedad a particulares bajo ciertas condiciones.
La Constitución Mexicana y la adquisición de tierras
De acuerdo con el Artículo 27 de la Constitución Mexicana, el derecho a adquirir tierras y aguas está reservado principalmente para ciudadanos y empresas mexicanas. Sin embargo, el Estado puede otorgar este derecho a extranjeros, siempre y cuando estos acepten, mediante un acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, considerarse nacionales mexicanos respecto a la propiedad adquirida, según informó la Sección Consular en Londres.
Esto implica que los extranjeros renuncian a solicitar la protección de su país de origen en relación con el bien adquirido. En caso de incumplimiento de este pacto, los derechos sobre la propiedad revertirán automáticamente a la Nación.
Además, en el Artículo 27 también se establecen limitaciones específicas para la adquisición directa de propiedades por parte de extranjeros en las denominadas “zonas restringidas”.
Estas áreas incluyen una franja de 100 kilómetros (61 millas) desde las fronteras internacionales y 50 kilómetros (31 millas) desde las costas. En estas regiones, los extranjeros no pueden poseer directamente terrenos para fines residenciales.
Sin embargo, para sortear esta restricción, los extranjeros pueden adquirir propiedades en dichas zonas a través de un fideicomiso bancario. Según detalló la Sección Consular en Londres, este mecanismo permite que un banco mexicano mantenga el título de propiedad, mientras que el extranjero actúa como beneficiario del fideicomiso.
Este acuerdo otorga al beneficiario el derecho de usar, disfrutar, vender o incluso heredar la propiedad. Los fideicomisos tienen una vigencia inicial de 50 años, con posibilidad de renovación.
Implicaciones legales y administrativas
De acuerdo con la Sección Consular en Londres, el proceso de adquisición de bienes raíces en México por parte de extranjeros está diseñado para garantizar la soberanía nacional sobre el territorio, al mismo tiempo que permite la inversión extranjera bajo condiciones específicas y subrayó que el cumplimiento de estas normativas es esencial para evitar conflictos legales y proteger los derechos tanto de los compradores como del Estado mexicano.
Además, el fideicomiso no sólo permite a los extranjeros adquirir propiedades en zonas restringidas, sino que también les brinda flexibilidad para realizar transacciones, como la venta o transferencia de derechos, sin necesidad de poseer directamente el título de propiedad.
También señaló que este esquema ha sido clave para fomentar la inversión extranjera en áreas turísticas y residenciales ubicadas en las costas mexicanas.
La adquisición de bienes raíces en México por parte de extranjeros es un proceso que requiere atención a los detalles legales y administrativos, por lo que es fundamental que los interesados comprendan las implicaciones del acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las restricciones aplicables en las zonas fronterizas y costeras.
Además, el uso de fideicomisos bancarios se presenta como una solución viable para quienes desean invertir en estas áreas, garantizando tanto la seguridad jurídica como el cumplimiento de las leyes mexicanas.
Sin embargo, esto ha generado controversia, pues el reciente caso de venta de la isla Cerralvo pone en duda y deja muchas interrogantes abiertas en la sociedad mexicana que continúa cuestionando si es posible que se realice la transacción.
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