El Poder Judicial de la Federación enfrenta una nueva controversia tras las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien admitió que entre los candidatos a jueces y magistrados existen personas vinculadas al crimen organizado.
Según informó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), estas afirmaciones confirman sus advertencias previas sobre los riesgos de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal, la cual consideran una amenaza directa a la independencia judicial y los derechos humanos en México.
De acuerdo con la Jufed, la propuesta de elegir a los jueces mediante voto popular no representa un acto democrático, sino un mecanismo que podría facilitar la cooptación institucional por intereses políticos, económicos e incluso criminales.
La asociación subrayó que esta reforma, lejos de fortalecer la justicia, podría entregarla a grupos que buscan manipularla en su beneficio. “Lo dijimos y hoy lo repiten quienes promueven dicha reforma: esta iniciativa entregará la justicia federal a grupos que no buscan impartir justicia, sino manipularla a su favor”, enfatizó la organización en un comunicado.
La Jufed recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había señalado que un proceso de elección judicial sin garantías de imparcialidad y basado en méritos constituye una regresión democrática. Asimismo, citó las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien advirtió que los cárteles de la droga podrían infiltrarse con mayor facilidad en el sistema judicial mexicano si se aprueba la reforma que propone el voto popular para elegir a los jueces.
Ante este panorama, la asociación hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos multilaterales y defensores de derechos humanos para que tomen conocimiento de los efectos que podría tener el “desmantelamiento” del Poder Judicial en México.
En paralelo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que se impugnarán alrededor de 20 candidaturas a cargos en el Poder Judicial debido a que los aspirantes no cumplen con los requisitos de idoneidad.
Según detalló el senador, estas personas están vinculadas a casos de amparos que han permitido la liberación de narcotraficantes. Aunque no precisó los nombres ni el número exacto de los implicados, aseguró que las impugnaciones se presentarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la próxima semana.
El legislador explicó que, aunque los nombres de los aspirantes ya están impresos en las boletas electorales para la elección del 1 de junio, la intención es que estas candidaturas sean retiradas antes de los comicios.
Fernández Noroña reconoció que algunos aspirantes lograron pasar los filtros establecidos por los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión, a pesar de no cumplir con los requisitos de elegibilidad. Entre los casos detectados, mencionó a un juez que, de manera sistemática, ha otorgado amparos a personas vinculadas al narcotráfico.
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