La mayoría legislativa en la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que contempla la eliminación del sistema electrónico conocido como CompraNet y exenta a las Fuerzas Armadas de las obligaciones de transparencia en esta materia.
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue avalada, primero en lo general con 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención; y en lo particular por 355 votos a favor, 119 en contra y una abstención.
El proyecto aprobado ayer en San Lázaro propone que la plataforma de CompraNet sea sustituida por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que será administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, misma que llegó para sustituir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Además, “tratándose de obras o servicios relacionados con las mismas que deriven de programas prioritarios o proyectos estratégicos que ejecute la Fuerza Armada en términos de los convenios de colaboración que celebren entre entes públicos, no les resultará aplicable la presente Ley”, se lee en el dictamen que aprobó Morena y sus aliados.
Recordar que desde administraciones pasadas, las Fuerzas Armadas ganaron un mayor terreno en convenios y transferencias de recursos públicos, pero fue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde se potenció la participación del Ejército mexicano en el desarrollo de obras públicas.
Ejemplo de lo anterior, las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en proyectos como El Tren Maya, el Corredor Interoceánico, del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por mencionar algunos.
Lo anterior no fueron las únicas medidas que propone implementar el gobierno federal en la ley, también contempló las restricciones a contrataciones, que tendrá como objetivo limitar la celebración de contratos con personas o entidades que hayan incurrido en prácticas monopólicas, tengan un historial de incumplimiento reiterado de obligaciones contractuales o que tengan socios inhabilitados.
Durante la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la diputada Abigail Arredondo Ramon, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que esta reforma podría beneficiar a que se cometan actos de corrupción y clientelismo.
“Podríamos estar de acuerdo con este dictamen, si no fuera por los antecedentes que lo rodean, si no fuera por las evidencias documentadas de intromisión de los hijos del expresidente López Obrador en el Tren Maya y el sobrecosto en millones de pesos en su construcción”, acusó la legisladora.
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