Localizan a “Chayito”, joven vendida en 2022 por 500 pesos y dos animales en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que fue posible dar con el paradero de Rosario Alfaro Bravo, conocida como “Chayito”, una joven de 17 años que en 2022 fue vendida por su familia a cambio de 500 pesos, un guajolote y un cerdo situación que generó indignación entre vecinos de su comunidad.

Tras emitir la alerta y ejecutar la ficha de búsqueda, la joven pudo ser rescatada y actualmente se encuentra bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan. ​

Chayito había sido reportada como desaparecida desde el pasado 12 de marzo de 2025, cuando fue vista por última vez en la colonia Segunda de El Espinal, una localidad en la región del Istmo de Tehuantepec. Su desaparición generó preocupación entre la comunidad y las autoridades, quienes iniciaron una búsqueda para dar con su paradero.

Venta de personas, una práctica recurrente en los pueblos ​

El caso de Rosario Alfaro Bravo salió a la luz pública en 2022, cuando se supo que, a la edad de 14 años, fue vendida por su prima a un hombre de 19 años en el municipio de Jalapa de Díaz, cercano a San Juan Bautista Tuxtepec. La transacción, que involucró una suma de 500 pesos y dos animales, evidenció la vulnerabilidad y las condiciones de explotación a las que pueden estar sujetas algunas menores en ciertas regiones del país.​

Tras su reciente localización, Rosario ha sido puesta bajo la protección del DIF Municipal, donde se le brindará atención integral para garantizar su bienestar físico y emocional. Las autoridades correspondientes continúan investigando las circunstancias de su desaparición y venta, con el objetivo de deslindar responsabilidades y prevenir futuros casos similares.​

Este incidente pone de manifiesto la urgente necesidad de implementar políticas públicas efectivas que protejan a las niñas y adolescentes de situaciones de violencia, explotación y trata. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos han reiterado su llamado a las autoridades para fortalecer las medidas de prevención y atención a víctimas, así como para sancionar a los responsables de estos actos inhumanos.​

La historia de “Chayito” es un recordatorio de las realidades que enfrentan muchas jóvenes en México y subraya la importancia de la vigilancia comunitaria y la acción gubernamental para erradicar prácticas que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.

¿Cómo se penaliza la venta de personas en México?

En México, la venta de personas es considerada trata de personas, un delito grave tipificado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y en el Código Penal Federal.

Penas por la venta de personas en México

De acuerdo con la legislación mexicana, las penas pueden variar dependiendo de la gravedad del caso, las circunstancias y las víctimas involucradas:

1. Trata de personas con fines de explotación
   1. Pena de 10 a 20 años de prisión y multas de 5,000 a 50,000 días de salario mínimo cuando se realice con fines de explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad, servidumbre o matrimonio forzado.
2. Venta de menores de edad
   1. Pena de 15 a 30 años de prisión y multas de 20,000 a 50,000 días de salario mínimo si la víctima es un menor de edad.
3. Agravamientos de la pena
   1. Si el delito lo comete un familiar, tutor, autoridad o servidor público, la pena puede aumentar hasta en una mitad más.
   2. Si la víctima sufre lesiones graves o pierde la vida, la pena puede aumentar hasta 50 años de prisión.

Protección y apoyo a las víctimas

Además de las sanciones penales, el Estado mexicano está obligado a proporcionar protección, apoyo psicológico, asesoría legal y refugio a las víctimas de trata de personas.

La venta de personas en México es un delito severamente castigado, pero sigue siendo un problema preocupante, especialmente en comunidades vulnerables donde la pobreza y la falta de acceso a la justicia facilitan estas prácticas.