
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un decreto por el cual buscará el fortalecimiento de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Con ello, cumplió con una parte de las acciones que anunció durante la conferencia de prensa matutina del pasado lunes 17 de marzo de 2025.
En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) de este martes 18 de marzo de 2025 se dio a conocer el decreto emitido por la presidencia de la República, el cual se distinguió por una serie de acciones emitidas en favor del fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).
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El decreto consta de cuatro artículos en los que se instruye a diversas entidades a emitir acciones en favor del fortalecimiento de las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ellos son:
- Se instruye a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que coadyuven con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda para fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas.
- Se fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda con el fin específico de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y adquisición, así como el uso de equipos y herramientas tecnológicas que fortalezcan las acciones de búsqueda con evidencias científicas.
- La Comisión Nacional de Búsqueda solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las herramientas y recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, para garantizar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.
- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones aplicables, autorizará las adecuaciones presupuestarias que solicite la Comisión Nacional de Búsqueda.

¿Cuáles son las acciones pendientes por implementar en materia de búsqueda de personas desaparecidas?
Aunque el decreto forma parte sustancial de las acciones anunciadas por la presidenta para mejorar los resultados en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en todo el territorio mexicano, aún existen algunas pendientes por implementar, es decir:
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- Incorporar a la Ley protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas.
- Equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar penas y procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las Fiscalías estatales y la Fiscalía federal.
- Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida.

El fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana, organismo clave para la búsqueda de personas desaparecidas, es otra de las acciones e incluirá la implementación de una Plataforma Nacional de Identificación Humana. Esta herramienta centralizará y actualizará todos los registros, tanto administrativos como forenses, provenientes de diversas autoridades en el país. Además, permitirá cotejar huellas dactilares, realizar consultas que detecten posibles indicios de vida o identificar personas fallecidas. Este proyecto trabajará en coordinación con Instituciones Científicas, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda y la Agencia de Transformación Digital.
Simultáneamente, se prevé una reforma constitucional a la actual Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, incluyendo la creación de una Base Nacional Única de Información Forense. Este sistema integrará los datos periciales de las 32 fiscalías estatales y las de la propia FGR, consolidándose como una herramienta esencial para el procesamiento de información forense en todo el país, buscando agilizar la investigación en casos de desapariciones.
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Por otro lado, la presidenta introducirá una iniciativa legislativa para modificar la Ley General de Población, con el objetivo de establecer al CURP como la única fuente de identidad oficial. Esta medida permitirá generar alertas inmediatas que faciliten la detección de indicios de vida en personas reportadas como desaparecidas, optimizando así los procesos de búsqueda y localización en estos casos.
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