
El Grupo de Monitoreo Frontera Centro (GMFC) alertó que este jueves, alrededor de las 6:42 de la mañana, un grupo de personas que permanecía en el campamento de la Terminal del Norte informó que presuntos elementos de la policía de la Ciudad de México, quienes portaban armas, obligaron a migrantes a abordar autobuses con destino a la Estación Migratoria Las Agujas, ubicada en Iztapalapa.
Según testimonios levantados por la ONG, durante este operativo se registraron maltratos, agresiones físicas, reportaron el decomiso de celulares y, además, hay al menos un caso de separación familiar.
El martes pasado, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que, en coordinación con diversas dependencias, implementó un operativo para trasladar a personas en contexto de movilidad que residían en un campamento ubicado en la Avenida 100 Metros, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Esta medida se tomó tras detectar actos de violencia y extorsión en la zona, de acuerdo con informes de la Secretaría de Gobierno.
Según reportaron las autoridades, el objetivo principal de esta acción fue garantizar la seguridad de las personas afectadas y ofrecerles un espacio digno donde puedan acceder a servicios básicos y decidir su futuro, ya sea continuar su tránsito, optar por un retorno voluntario asistido o integrarse a la vida en la ciudad.

A través de un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México señala que “durante el traslado y las acciones relacionadas, personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) participó como observador para asegurar que se respetaran los derechos de las personas en movilidad humana. Esta supervisión fue clave para garantizar que el proceso se llevara a cabo de manera transparente y en apego a los principios de dignidad y respeto”.
Desalojo, “pese a compromisos previos”
De acuerdo con el GMFC, el gobierno de la Ciudad de México desalojó el campamento de migrantes bajo amenazas y sin respetar los derechos de las personas involucradas.
Según la organización, las autoridades locales arribaron al campamento el martes por la tarde para forzar a los migrantes a trasladarse a albergues gubernamentales. Durante la operación, las autoridades ingresaron a las viviendas sin autorización y presionaron a los residentes mediante información confusa o falsa, además de usar amenazas para lograr el desalojo. De acuerdo con la ONG, únicamente estuvo presente un representante de la Comisión de Derechos Humanos local, según su registro.
Según señaló el GMFC, el mismo martes cerca de las 20 horas, “unas 20 personas con chalecos color guinda del gobierno capitalino, acompañadas de policías vestidos de civil, llegaron al lugar e iniciaron un operativo que, en la práctica, distó mucho de lo que se había prometido durante la reunión”.
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