Esta semana se dio a conocer que Lenia Batres, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Rafael Guerra Álvarez, titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), se postularon para ser parte de los candidatos que el Poder Ejecutivo presentará en su terna para las elecciones al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Aunque ambos personajes son cercanos a la bancada de Morena, esta tarde sorprendió que durante la sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada María Teresa Ealy se lanzara contra Guerra Álvarez, a quien acusó de encubrir a violadores y potenciales feminicidas.
La diputada que participó en la reunión de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados aseguró que en su trayectoria como defensora de derechos humanos compartió camino con Guerra Álvarez, a quien calificó como un funcionario con “total desinterés por las víctimas”.
María Teresa Ealy pidió a la Comisión que se llame a Rafael Guerra a comparecer y dar cuenta de sus actos: “no es una acusación sin fundamento”, sentenció.
María Teresa y Salvador, víctimas del TSJ-CDMX
En mayo pasado un grupo de madres de familia y activistas de la Ciudad de México se manifestaron frente a las instalaciones del TSJ-CDMX para exigir la renuncia de Rafael Guerra Álvarez, a quien acusan de aplicar la Ley a conveniencia y permitir la corrupción de jueces y magistrados.
Las activistas Dulce Nelly Gómez Martell, Cynthia Bravo, Gabriela Pablos y Rebeka Zebrekos señalaron al diario La Prensa que el actuar del presidente del TSJ-CDMX afecta la integridad del sistema judicial y no permite que se erradique la visión machista que impera en los juicios y procesos vinculados a casos de violencia de género.
Dos casos ejemplifican el decir de las activistas arriba citadas: María Teresa (la abogada y diputada) y Salvador, ambos jóvenes que fueron agredidos sexualmente por Alejandro “N” y Felipe “N”, pareja y tío de las víctimas.
Ambos agresores fueron denunciados ante la justicia capitalina y sus casos turnados al juez Júpiter López Ruiz -cercano a Rafael Guerra Álvarez-, quien a pesar de señalar (en el caso de Salvador) que había “montañas de evidencia”, los dejó en libertad. Las víctimas y sus familiares denuncian corrupción en el TSJ-CDMX.
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