La Cámara de Diputados ha aprobado una reforma constitucional que busca simplificar la estructura orgánica del país, según un informe reciente. Con una mayoría calificada de 332 votos a favor y 119 en contra, se ha dado luz verde a un proyecto de decreto que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de competencia económica. Esta reforma implica la creación de una nueva autoridad que concentrará las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La nueva entidad se encargará de regular la competencia económica en México, unificando las facultades del IFT en áreas como la preponderancia y la regulación asimétrica con las de la Cofece. Esta autoridad será sectorizada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se regirá por la legislación secundaria, cumpliendo con lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio. Su objetivo es incrementar la competencia económica, beneficiando a consumidores y usuarios, y promoviendo una mayor participación en los mercados de bienes y servicios.
El decreto establece que el Ejecutivo Federal, a través de esta nueva autoridad, tendrá la responsabilidad de prevenir, investigar y combatir monopolios y prácticas monopólicas, así como regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos de agentes económicos para eliminar efectos anticompetitivos. Además, se le otorgarán facultades exclusivas para regular de forma asimétrica los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, imponiendo límites a la concentración de frecuencias y propiedad cruzada.
Las modificaciones al artículo 28 constitucional, que incluyen la creación de esta autoridad, entrarán en vigor 180 días después de la promulgación de la legislación secundaria correspondiente. El Congreso de la Unión será el encargado de expedir estas leyes secundarias para asegurar el ejercicio de las nuevas facultades.
Con la entrada en vigor del decreto, tanto la Cofece como el IFT serán disueltos, y sus comisionados concluirán sus funciones. La nueva autoridad contará con independencia técnica y operativa, garantizando la separación entre la investigación y la resolución de procedimientos.
Este cambio estructural busca fortalecer la capacidad del Estado para imponer sanciones, acortar los periodos de investigación y llegar a acuerdos con el Poder Judicial para que las sanciones se determinen de manera expedita. La intención es llevar al país a mejores niveles de competencia económica y bienestar.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales para dar cumplimiento a éste, salvo lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio.
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