
Luego de casi cinco horas de debate en las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos del Senado, legisladores avalaron la reforma constitucional en material de áreas y empresas estratégicas. El objetivo de la iniciativa consiste en garantizar la soberanía energética del país, por lo que se contrapone con el proyecto de la reforma energética de Enrique Peña Nieto (EPN).
Con 29 votos a favor y 10 en contra se aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Con ello, se busca fortalecer las capacidades del Estado dentro del sector energético para garantizar el suministro de electricidad al menor precio posible.
Entre los cambios contemplados en el proyecto, uno de los que más destaca es la eliminación del concepto “empresas productivas del Estado” en el texto constitucional para abrir paso al de “empresas públicas del Estado”.

Además, establece que las funciones exclusivas del Estado en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet no constituirán monopolios, al igual que la planificación y control del sistema eléctrico nacional, cuyo propósito es garantizar la seguridad y autosuficiencia energética del país.
En ese sentido, dispone que las leyes determinarán la forma en que los particulares participarán en las actividades de la industria eléctrica, las cuales no podrán tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado. Y es que su función es la de cumplir con la responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que la reciente reforma constitucional en México busca reivindicar el patrimonio del pueblo al asegurar que los recursos energéticos naturales beneficien a la población.
Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Comisión de Energía, destacó que el proyecto tiene un enfoque social, buscando que las empresas públicas del Estado beneficien a la sociedad, especialmente en sectores estratégicos como la electricidad, Internet y el litio.

Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, recordó que antes de 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generaba el 63% de la electricidad, pero en 2021, el sector privado produjo el 62%, mientras que la CFE solo el 38 por ciento.
Desde el partido Morena, Beatriz Mojica Morga subrayó que la reforma ayudará a “poner orden a los saqueos” en la industria eléctrica y facilitará el acceso a Internet en comunidades indígenas y afromexicanas apartadas. Sin embargo, Agustín Dorantes Lámbarri del PAN, advirtió que la reforma no aborda las crisis financieras de Petróleos Mexicanos y la CFE, lo que podría resultar en pérdidas significativas.
Desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas opinó que la mejor estrategia energética para México es generar energía sostenible y permitir la competencia para ofrecer servicios más económicos y limpios. Finalmente, Alejandro González Yáñez del PT sostuvo que la enmienda busca que la CFE y Pemex se desarrollen como empresas que aseguren el suministro de energía en el país.
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