
Para nadie es un secreto que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció muchas veces en contra de los organismo autónomos por considerarlos costosos y acusarlos de ‘controlar’ todas las decisiones del poder público así como de responder a intereses ajenos a los de pueblo; por ello, en su último paquete de iniciativas envió al Congreso de la Unión una reforma para extinguirlos y que sus funciones fueran absorbidas por las Secretarías de Estado.
En la propuesta de AMLO se contempla la desaparición de los siguientes siete organismos y que sus tareas las cubra el propio gobierno, pese a que éstos nacieron justo para regular el poder:
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) -> Secretaría de Economía (SE)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) - > Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) -> Secretaría de la Función Pública (SFP), contralorías y órgano de control y disciplina del Poder Judicial para para acceso a la información, transparencia y protección de datos; tutela de partidos políticos al Instituto Nacional Electoral (INE) y sindicatos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; protección de datos personales en posesión de particulares, al Ejecutivo Federal
- Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) -> Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE) -> Secretaría de Energía (Sener)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) -> Secretaría de Energía (Sener)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) -> Secretaría de Educación Pública (SEP)
Cabe mencionar que en la pasada legislatura no fue posible analizar a conciencia esta reforma y aprobarla; sin embargo, con el inicio de la nueva, esta propuesta de AMLO -respaldada ampliamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo- es considerada prioritaria y tendrá luz verde antes de que finalice el año, de acuerdo con Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados.
“Antes de diciembre, es que tenemos de aquí a diciembre para sacar el paquete de 18 reformas. Llevamos siete y mantenemos un ritmo pesado; antes de que termine octubre tendremos nueve aprobadas (...) Son 10 reformas que nos faltan, entre ellas la supresión de los órganos autónomos. No se excluye ninguna; simplemente estamos otorgando los tiempos y el calendario conveniente para aprobarlas todas”, dijo este fin de semana el legislador morenista.

Aprobar esta reforma traería consecuencias: IMCO
Es importante recordar que todos estos organismos constitucionalmente autónomos nacieron como contrapeso al gobierno a fin de evitar el abuso del ejercicio del poder público y se encuentran al margen de cualquiera de los tres Poderes de la Unión aunque sí forman parte del Estado y por ello su presupuesto proviene de las arcas federales; por ello, la reforma de AMLO resulta contradictoria a la naturaleza y función de los mismos.
Ante este panorama, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que la certidumbre jurídica de México podría verse afectada con la desaparición de estas instituciones y enlisto algunas de las consecuencias de esta reforma:
- Inai: su desaparición dejaría sin garantía los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, lo que impactaría negativamente en la capacidad de rendición de cuentas y la certeza jurídica en el país
- Coneval: al extinguirlo se abriría la puerta a una evaluación menos rigurosa de la política social, con implicaciones negativas para las decisiones presupuestales y la calidad de los programas sociales
- Cofece: se pone en riesgo la garantía de libre competencia en los mercados, lo que podría afectar la diversidad, la calidad y los precios de bienes y servicios
- IFT: podría haber una regulación discrecional en el acceso al espectro radioeléctrico, las redes de comunicación y la comunicación vía satélite, en detrimento de la competencia y la calidad
- Mejoredu: se limitarían la evaluación de la política educativa y las acciones para mejorar las competencias de los estudiantes y trabajadores de la educación
- CNH: con su extinción se perdería un órgano técnico, independiente de Pemex y los privados, que se encarga de administrar las asignaciones y contratos petroleros
- CRE: no había garantía de ‘piso parejo’ en la regulación de la electricidad, el gas natural y los petrolíferos
“Estas instituciones están lejos de ser perfectas. Seguramente existen malas prácticas de gasto, es necesario fortalecer la profesionalización de sus servidores o mejorar procesos. Y eso es lo grave: sin un debate informado -que considere las características de cada institución-, sin evidencia y sin diagnóstico, ¿qué reformas administrativas se pueden proponer? Solo aquellas destinadas al fracaso, con las consecuencias que eso tiene para la ciudadanía y para la vida democrática del país”, advirtió el IMCO.

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