CIDH advierte impactos a independencia judicial y al acceso a la justicia por aprobación de la reforma judicial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su preocupación por la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial en México, y advirtió que esta tendrá posibles impactos al derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.

Este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que le ha dado puntual seguimiento a todo el proceso que ha conllevado este proyecto de reforma, la cual fue remitida por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 5 de febrero y fue aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y, posteriormente, por el Senado de la República el 11 de septiembre.

Del mismo modo, indicó que ha recibido información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho, ya que dicha reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de jueces, magistrados y ministros del país.

“Las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país” puntualizó este organismo internacional.

La CIDH enfatizó que una reforma constitucional de este nivel debe conducirse en el marco de “un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana”. Indicó que, en todo caso, una reforma que comprende el sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas.

La Comisión cuestionó la medida incluida en la reforma sobre los denominados “jueces sin rostro”, cuyo uso ha sido declarado contrario a la Convención Americana por los órganos del sistema interamericano, y mostró inquietud por el proceso para la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que podría comprometer su independencia, así como sobre la falta de garantías del debido proceso en el régimen disciplinario.

Del mismo modo, enfatizó la importancia de que los sistemas de selección y nombramiento garanticen el principio de igualdad y no discriminación; que establezcan criterios de selección con base en el mérito y capacidades profesionales y calificaciones jurídicas apropiadas; que se realicen en el marco de procesos públicos y transparentes; que garanticen la igualdad de género en el acceso a la carrera judicial y que determinen mandatos con una duración de tiempo definido y suficiente.

Por todo lo anterior la Comisión llamó a las autoridades mexicanas a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación.

Al tiempo, exhortó a garantizar instancias de diálogo real, que asegure la participación de todos los sectores interesados, esto ante las protestas que se han presentado contra la iniciativa de reforma.