Declaratoria de publicidad de la Reforma al Poder Judicial en San Lázaro provoca tensiones; diputados del PRI abandonan la sesión

Este domingo 1 de septiembre de 2024 la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión inició su primer periodo de sesiones ordinarias en un evento cargado de simbolismo y confrontación.

La diputada morenista Ifigenia Martha Martínez encabezó la sesión como presidenta de la Mesa Directiva, marcando su primer acto en este importante cargo. Martínez destacó en su discurso la necesidad de consolidar la transformación de México mediante un fortalecimiento efectivo del Poder Legislativo y un firme compromiso con los principios democráticos.

En esta jornada inaugural, la Secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, entregó con más de 30 minutos de retraso el sexto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La secretaria destacó que este informe representa “la lucha de muchos años, no solo de un hombre, sino de millones de mujeres y hombres”, subrayando la importancia de este documento como un balance integral del gobierno actual y aseguró que AMLO es el mejor presidente que ha tenido México.

Tensión y protestas

La sesión también fue testigo de una significativa controversia relacionada con la reforma al Poder Judicial. Durante el primer acto legislativo se dio la declaratoria de publicidad al dictamen de esta reforma, un paso crucial que marca el inicio formal de su discusión en la Cámara de Diputados.

Esta reforma propone una serie de cambios estructurales y funcionales en el Poder Judicial, incluida la elección por voto popular de jueces y ministros de la Suprema Corte.

Las bancadas expresaron sus posicionamientos, con vistas a cómo votarán en la sesiones de esta semana.

La controversia alcanzó su punto máximo cuando los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), liderados por Rubén Moreira, decidieron retirarse del pleno en señal de protesta por la declaratoria de publicidad de la reforma al Poder Judicial.

Moreira y sus compañeros argumentaron que el paso a la discusión de la reforma había sido aprobada de manera apresurada y en contravención a las suspensiones ordenadas por dos jueces, lo que, en su opinión, representaba un desacato a las decisiones judiciales.

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, condenó la reforma y expresó su rechazo a lo que consideró una maniobra para debilitar la independencia judicial. Moreno subrayó que la reforma, a su juicio, es incompleta y equivocada en sus propuestas.

Además, advirtió que el PRI está dispuesto a votar en contra de la reforma en cualquier momento, destacando la importancia de mantener la autonomía del Poder Judicial y defender los derechos laborales y el Estado de Derecho.

El líder priista también hizo un llamado a la unidad y al respeto a la pluralidad en el Congreso, afirmando que México exige una actuación democrática en la que todas las voces, incluso las discrepantes, sean escuchadas.

Moreno manifestó su solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial y los jóvenes que han salido a las calles para defender un país de libertades y una separación efectiva de poderes.

La propuesta de reforma ha generado preocupación a nivel internacional. Organismos como la ONU y Human Rights Watch, así como gobiernos de Estados Unidos y Canadá, han expresado sus inquietudes sobre las posibles implicaciones negativas para la justicia y la democracia en México. Estos actores internacionales han alertado sobre los riesgos asociados con la centralización del poder judicial y el impacto que podría tener en la imparcialidad y estabilidad del sistema judicial mexicano.

A pesar de estas críticas, el proceso legislativo avanza. La Cámara de Diputados ha programado la votación general de la reforma para el martes 3 de septiembre, con la discusión y votación de los aspectos particulares previstas para el miércoles 4 de septiembre.

Ricardo Monreal ha indicado que, si la reforma es aprobada por la Cámara de Diputados, necesitará el respaldo de dos tercios del Senado y la mayoría de los congresos estatales para su implementación. De ser aprobada en estos términos, la reforma permitiría que los ciudadanos elijan directamente a los jueces y ministros a partir de 2025.