La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) remitió este 20 de agosto a la Fiscalía General de la República (FGR) un desglose de la carpeta de investigación iniciada con motivo de hechos ocurridos el pasado 14 de agosto en el que personal de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua intentó cumplimimentar una orden de aprehensión contra el ex gobernador Javier Corral.
En un comunicado, la autoridad ministerial capitalina argumentó que esta diligencia de la autoridad de Chihuahua fue “sin contar con facultades para ello”, por lo que, dijo, “se desprende la posible comisión de hechos que por su naturaleza son de competencia federal, por lo que se dio vista a la FGR para que se determine lo que en estricto apego a derecho resulte procedente”.
A la entrega de dicha documentación, acudieron el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Rafael Chong Flores; el Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Richard Urbina Vega; y el titular de la Unidad de Asuntos Internos, José Gerardo Huerta Alcalá.
“Lo que estamos haciendo es que nosotros iniciamos por los hechos del 14 (de agosto) una investigación por una aprehensión que, juzgamos, fue ilegal. Entonces iniciamos una investigación, tenemos elementos que creemos que puede ser también competencia de la Fiscalía General de la República, y eso hemos venido a hacer, darles una vista con un expediente, les hemos hecho un desglose y la van a analizar”, comentó el fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México en rueda de prensa.
El actual encargado de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, aseguró el 19 de agosto que el operativo que tenía como fin el arresto de Javier Corral fue “ilegal”, al tiempo que tendría fines políticos y no judiciales.
“Lo que hicimos fue evitar una detención ilegal”, dijo Lara López en una conferencia. Destacó que la Fiscalía de Chihuahua no forma parte del convenio de colaboración entre las procuradurías. “El documento recibido refiere que a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no le son aplicables los mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca convenidos por las instituciones que lo celebraron”.
El funcionario de la fiscalía capitalina adelantó que presentaría la denuncia ante la FGR en contra de la persona o personas que resulten responsables por la violación a la ley. Lo anterior luego de que la propia FGJCDMX inició una investigación.
Aclaró que el organismo que representa sí recibió un documento sobre una solicitud de colaboración por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, pero agentes de dicho estado ya realizaban “labores de inteligencia” en la capital del país desde el lunes 12 de agosto, dos días antes del intento de captura del ex gobernador, lo cual fue calificado como “acciones irregulares”.
La autoridad ministerial capitalina apuntó que Corral fue ubicado previo a que fuera compartida la solicitud de colaboración y dicho documento, además de que fue compartido a través de medios de comunicación, no significaba la aceptación de un acuerdo de colaboración entre las instituciones, según Lara López.
El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, informó el pasado 15 de agosto que Javier Corral es un “prófugo de la justicia” debido a que no se le ha cumplimentado la orden de aprehensión por el delito de peculado, la cual iba a ser ejecutada una noche anterior en el restaurante Gin Gin ubicado en la colonia Roma, pero el encargado de la fiscalía capitalina acudió rescataron al ex gobernador.
La autoridad de Chihuahua destacó que el fiscal llegó con hombres armados que no llevaban identificaciones e iban vestidos de negro.
Javier Corral es investigado por un par de pagos realizados en conjunto con Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda de Chihuahua durante la gestión del expanista, un hombre que también se encuentra prófugo de la justicia.
Ambos sujetos, según la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, “de manera ilícita dispusieron del erario la cantidad de 98 millones 600 mil pesos, pues se efectuaron dos pagos a un particular en su cuenta bancaria Santander, con la finalidad de aparentemente reestructurar el pago de la deuda pública del estado”.
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