El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunció que habitantes de al menos quince poblados y municipios de Chiapas viven un momento crítico de violencia por parte de los diferentes grupos criminales que operan en la entidad gobernada por el morenista Rutilio Escandón Cadenas.
En un comunicado, emitido el pasado 31 de julio, el colectivo alertó que la población de estos municipios, que está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, “está siendo obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales”.
El colectivo, formado por varias organizaciones que trabajan temas de derechos humanos, refiere que los municipios y ejidos aledaños en alerta máxima por estos enfrentamientos de los diferentes cárteles de la droga, son: Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras.
Estas comunidades, a decir por lo reportado por la Organización No Gubernamental (ONG), “son las zonas más afectadas y se encuentran incomunicados por los bloqueos carreteros realizados por los grupos del crimen organizado”.
En Chiapas se tiene registro que operan células del Cártel de Sinaloa (CDS), Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones locales como El Maíz y el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCG).
La ONG enlistó los diferentes actos violentos en los que los habitantes han sido víctimas de los grupos criminales, destacando que las recientes denuncias (del 24 de julio) de 500 mexicanos desplazados por violencia a Guatemala no es un tema nuevo.
“Los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son nuevos. En mayo, agosto y septiembre del año pasado se vivieron situaciones similares”, se lee en el comunicado en donde se menciona que si bien en esas ocasiones el gobierno federal envió al Ejército y Guardia Nacional para disuadir la actuación de los grupos criminales, al retirarse, la violencia escaló nuevamente.
“Si bien hubo un actuar militar en dicha coyuntura, no se observa un trabajo de investigación e inteligencia para desarticular los grupos criminales”, señalaron las 22 ONG´s.
El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur reprochó las afirmaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el pasado 26 de julio, en donde minimizó la violencia al decir que no era un tema de ingobernabilidad como lo quieren hacer ver sus adversarios.
Durante su conferencia matutina de ese viernes, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre un posible fracaso en su estrategia de seguridad en la zona.
“No es así, son circunstancias, México es un país muy grande, somos más de 130 millones de mexicanos, hay como en todas partes conflictos, pero no es un asunto, como lo quieren ver nuestros adversarios, de que haya ingobernabilidad, que predomine la violencia, que sea un caos, que se esté destruyendo el país, eso es lo que decían los opositores en toda la campaña”, respondió el mandatario mexicano en donde también pidió a la población que “no participen y se conviertan en base social de estos grupos de la delincuencia”.
Ante esto, las ONG´s afirmaron el presidente de México desconoce “la imposibilidad que enfrentan las personas ante la amenaza de los violentos y el uso de las armas”, al tiempo que “violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndoles en objetivo militar”.
Por ello, el colectivo pidió al presidente López Obrador “abstenerse de realizar señalamientos a la población que criminalizan y causan victimización secundaria en los términos del artículo 5 de la Ley General de Víctimas”.
La ONG´s también pidieron, entre muchas otras cosas, la inmediata intervención en la zona del gobierno federal para prevenir nuevos desplazamientos forzados.
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