
En Sinaloa hay una crisis forense, pues hay más de 2 mil 300 cuerpos, restos y osamentas de personas que no han sido identificadas y que se encuentran en fosas comunes, en conservación en el Servicio Médico Forense y en las morgues de casas funerarias privadas.
Uno de esos casos fue ventilado por el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras. Esto, al lograr que luego de cuatro años de conservar el cuerpo del joven Alberto de Jesús Verdugo Rivera, se le practicara un estudio de genética forense y lograra su identificación oficial y se le entregara el cuerpo a sus familiares para su sepultura.
María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo, señaló que en ese caso, la madre del joven desaparecido el 25 de mayo de 2020, en forma insistente, planteó a las Fiscalía General del Estado que cotejará su ADN con los cuerpos que se fueron acumulando durante los últimos cuatro años, pero su petición no fue atendida.
Explicó que lo que se conoce es que el cuerpo de Verdugo Rivera, fue ingresado al Servicio Médico Forense el 2 de octubre de 2020, sin que sus muestras genéticas fueran cotejadas con las familias que tienen parientes desaparecidos, durante casi cuatro años, hasta que hubo una mayor presión.

La activista de búsqueda externó que en las celebraciones de las mesas de trabajo con las autoridades judiciales para conocer los avances de las denuncias de desapariciones, una de las peticiones más sentidas es el cotejo de los resultados de los ADN con los cuerpos que se tienen como no identificados, sin que se tenga respuesta a estas solicitudes.
Cruz Bernal observó que adoptaron un nuevo método de búsqueda de sus seres queridos a través de los expedientes, pero han encontrado errores y omisiones en las carpetas de investigación mezcladas y archivos que pertenecen a otras entidades federativas.
Hizo notar que en forma reciente se les notificó que el recién construido Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana que tuvo un costo de 75 millones de pesos, solo servirá para extraer a los cuerpos sus restos genéticos para cotejarlos con el ADN de las familias que reclaman a personas desaparecidas.
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