
Este miércoles 5 de junio venció la medida cautelar de prisión preventiva en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien se encuentra hospitalizado desde el pasado domingo por complicaciones cardiacas. El fin de la medida de prisión preventiva fue señalado a través de un oficio emitido por la jueza de control en Chihuahua, Hortensia García Rodríguez, alegando que se cumplió con el máximo de 2 años establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, la Fiscalía del estado señaló que el detenido continúa con el proceso penal en su contra, ya que hay al menos 18 causas penales en su contra esperando, y que el cambio de medida cautelar no se dará hasta que se realice una audiencia, en la que el imputado tiene que estar presente.
Durante la audiencia, sus representantes legales esperan pedir que las autoridades le dicten sentencia a Duarte, o le permitan continuar su proceso en arraigo domiciliario.
¿Por qué acusan a Duarte?
César Duarte fue capturado por la policía de Estados Unidos el 8 de julio del 2020 en Miami, Florida, con fines de extradición a México, la cual se cumplimentó hasta el 2 de junio del 2022. A grandes rasgos, el ex gobernador es acusado por asociación delictuosa y peculado por al menos 96.6 millones de pesos, delitos que se consideran graves en el país.

En total, Duarte acumulaba 21 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 fueron obtenidas por la Fiscalía de Chihuahua y una más por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE). En total los cargos que se le adjudican son peculado, peculado grave y delito electoral.
De acuerdo con las autoridades, desde junio de 2011 hasta noviembre de 2014, durante el mandato del acusado, el estado de Chihuahua transfirió 96 millones 685 mil 253 pesos a dos compañías: Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte. El exgobernador chihuahuense fungía como accionista mayoritario en ambas empresas.
“En acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos, extraídos entre los años 2011 y 2014″, informó en aquel momento la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado.
También, en junio de 2011, la Secretaría de Desarrollo Rural acordó pagarle a Unión Ganadera 582 mil pesos para comprar equipamiento necesario para inseminación artificial de ganado, sin que existiera evidencia que Unión Ganadera usara el dinero para dicho fin.

De acuerdo con el documento que refleja estas transferencias, los días 20 y 27 de junio del 2011, casi toda la cantidad ya mencionada fue transferida, de parte de Unión Ganadera, hacia una cuenta de Pavimentos y Servicios.
Posteriormente, una serie de transferencias, incluidas una de 43 mil 844 pesos, fueron realizadas desde la cuenta de Pavimentos hacia una tarjeta de crédito a nombre de la esposa de Duarte, Olga Gómez Fong. El mismo proceso fue hecho para otorgarle 19 mil pesos a Víctor Maldonado Gachupin, administrador del rancho El Milagro, propiedad del exgobernador.
El arresto de Duarte por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) se dio el mismo día que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunía con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En el encuentro, el entonces mandatario estadounidense respaldó los esfuerzos contra la corrupción del gobierno mexicano.
Un año antes de su detención, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había expulsado a Duarte de sus filas, luego de que éste fuera acusado de peculado, y se señalara que el dinero desviado también había sido para apoyar al partido político.
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