El líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Chino”, presentó un amparo porque las autoridades del penal del Altiplano no le proporcionan una dieta que sigue desde hace nueve años debido a sus intolerancias y alergias alimentarias.
El juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, rechazó la demanda. Según la resolución, Casarrubias debía haber solicitado primero la dieta a la autoridad penitenciaria conforme a la Ley Nacional de Ejecución de Penas.
En las listas judiciales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicadas el jueves 30 de mayo se aclara que los internos deben agotar las vías administrativas antes de acudir al juez de control o de ejecución para resolver disputas relacionadas con sus condiciones de internamiento.
Apenas hace un mes a Sidronio Casarrubias, quien es señalado de haber atacado a los 43 normalistas de Ayotzinapa, se le negó el beneficio de prisión domiciliaria tras la decisión de la jueza Raquel Duarte Cedillo.
La jueza a cargo del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales decidió mantener a Casarrubias en el penal de máxima seguridad del Altiplano debido al riesgo de fuga.
¿De qué se acusa a “El Chino”?
Sidronio Casarrubias está involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, un caso que incluso en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado mucho de qué hablar por el incumplimiento de su promesa de resolver el caso.
Casarrubias, detenido en octubre de 2014, reveló durante su tiempo bajo custodia las conexiones entre funcionarios locales y el crimen organizado, específicamente con los cárteles Guerreros Unidos y La Familia Michoacana. La declaración de Casarrubias implicó a diversos alcaldes y empresarios en estos nexos.
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos sigue siendo investigado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ), que ha criticado recientes decisiones judiciales que consideran un retroceso en la búsqueda de justicia.
Un ejemplo es la medida del juez Juan José Hernández Leyva, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, quien aprobó la prisión domiciliaria para Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, el 4 de abril.
A ello se suma la liberación a principios de mayo de ocho militares, que son señalados por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Los elementos del Ejército pudieron salir de prisión tras pagar 100 mil pesos.
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