Aumentaron 150% asesinatos y atentados de candidatos, consejeros del INE señalan a quién compete su seguridad

Hasta el pasado 2 de abril se tenían registradas 157 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el presente proceso electoral. De ese total, 51 fueron asesinatos, 9 secuestros y 75 amenazas, las cuales han aumentado de manera considerable entre febrero y marzo.

Así lo indica el segundo reporte preliminar “Violencia electoral, proceso 2023-2024″, elaborado por Laboratorio Electoral. De acuerdo con el informe, los meses con mayor número de asesinatos son julio y octubre de 2023, así como enero, febrero y marzo de 2024, lo que significó un aumento del 150%.

Guerrero y Michoacán son las entidades donde se han contabilizado más casos de violencia asociada a las elecciones, según las denuncias que han realizado los partidos políticos y los funcionarios públicos.

De igual manera, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido 99 solicitudes de protección, de las cuales 74 han sido aprobadas y 14 se encuentran en un nivel alto de riesgo.

Bajo ese panorama de violencia, Laboratorio Electoral explicó en qué consiste el protocolo con el que se brindarán servicios de seguridad y acompañamiento a las y los candidatos que así lo soliciten al INE.

Se informó que la Mesa de Seguridad Institucional de dicho órgano autónoma asigna un nivel de riesgo a cada caso, así como el esquema de seguridad, el número de vehículos y efectivos asignados.

Para ello, el INE recibe las solicitudes de protección que debe notificar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC). Esto con el objetivo de establecer una adecuada coordinación y comunicación con la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según sea el caso.

Posteriormente, el caso debe ser analizado y categorizado en un plazo máximo de 48 horas. Una vez cumplido el periodo, la SSyPC debe comunicar al INE la disposición del servicio para las y los solicitantes.

Si la solicitud de protección es aprobada, la SSyPC, la Sedena y la Guardia Nacional se encargarán de supervisar el servicio de seguridad y acompañamiento según el nivel de riesgo (que puede ser alto, medio o bajo), lo cual es determinado por el número de vehículos y elementos asignados.

La información sobre los nombres de las candidaturas, el cargo al que aspiran, el partido político al que pertenecen y la aprobación de la solicitud se mantendrá bajo confidencialidad hasta 2029.

Aunado a lo anterior, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión de Vigilancia para las próximas elecciones, la cual estará encargada de vigilar los comicios ante la creciente ola de violencia.