En tiempos recientes, el incremento de la criminalidad ha sido considerado como uno de los principales motivos para debatir acerca de la posible legalización de las drogas. No obstante, en la década de 1940 el consumo de estupefacientes fue considerado un asunto prioritario no sólo de seguridad, sino de salud pública.
Al iniciar su último año como presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río promulgó un nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías que se caracterizó por dejar de considerar el consumo, posesión y venta de drogas como un delito.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 1940, esta nueva versión del reglamento dejaba de percibir a las personas consumidoras como delincuentes para catalogarlas como ciudadanos enfermos.
Uno de los principales argumentos para emitir la nueva norma fue que la aplicación de la ley anterior provocó un “encarecimiento excesivo de las drogas” que se tradujo en mayores ganancias para los traficantes.
En el reglamento del presidente Cárdenas se definió como ‘toxicómano’ a “todo individuo que sin fin terapéutico use habitualmente” alguna sustancia psicoactiva.
La atención a estas personas quedó en manos del Departamento de Salubridad Pública, encargado de autorizar que algunos médicos cirujanos tuvieran la facultad de prescribir narcóticos a personas dependientes.
Para llevar a cabo un adecuado tratamiento se abrieron dispensarios para suministrar gratuitamente dosis controladas de drogas a las personas que padecían una adicción y se contemplaba la opción de internar a los pacientes en el Hospital para Toxicómanos.
Sin embargo, esta serie de políticas se mantuvo durante únicamente cinco meses. También por decreto presidencial, el reglamento quedó sin efectos en julio de 1940 por dos motivos principales.
El primero fue la escasez de narcóticos provocada por la Segunda Guerra Mundial que tenía en ese entonces poco menos de un año de haber iniciado. El Departamento de Salubridad se quedó sin proveedores y, aunque se planteó la opción de utilizar las reservas de morfina y cocaína disponibles en las farmacias de México, esto podía generar un desabasto para los pacientes no dependientes.
El segundo factor que el Gobierno de México señala como detonante para retirar el nuevo reglamento fue la presión de Harry Anslinger, comisionado del Buró General de Narcóticos conocido por su postura prohibicionista.
Las políticas impulsadas por Anslinger llevaron a Estados Unidos a frenar la exportación de morfina, cocaína y otros enervantes a México cuando se concluía que no tenían metas médicas o científicas.
Ante esto, los dispensarios en México se quedaron sin insumos para proveer el tratamiento adecuado y, finalmente, detuvieron sus operaciones.
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