
El Senado mexicano ha solicitado oficialmente mediante un punto de acuerdo aprobado por unanimidad ante el Pleno, al Consejo de la Judicatura Federal la destitución de Manuel Alejandro Martínez Vitela, el juez que recientemente emitió un fallo en el que absolvió a un hombre acusado de agresión sexual contra su propia sobrina de cuatro años. La fundamentación de dicho fallo se basó en la incapacidad de probar el delito, citando la ausencia de detalles específicos por parte de la víctima sobre el momento y lugar exactos del suceso.

La resolución de Martínez Vitela ha causado una profunda indignación entre los familiares de la niña afectada y diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes ven en esta decisión una demostración de falta de capacidad y sensibilidad en el manejo de casos que involucran la protección a menores de edad.
En respuesta a estos hechos, el Pleno del Senado ha avanzado una propuesta urgente que exige el retiro del cargo del juez, aduciendo que sus decisiones representan un riesgo directo para la seguridad, dignidad y bienestar de los niños y niñas. Esta moción resalta la preocupación de que, bajo criterios similares, se pueda promover la impunidad en situaciones de abuso infantil.

Este evento ha revitalizado el debate en torno a la efectividad del sistema judicial mexicano en salvaguardar los intereses de los sectores más vulnerables de la sociedad y la importancia de administrar justicia de una manera tanto empática como fundamentada. Se espera que la medida tomada por el Senado no solo abogue por la corrección de un veredicto considerado como injusto, sino que además establezca un firme precedente para el abordaje judicial de casos análogos en el futuro.
Los temas que confieren el interés superior de la niñez, no deben pasarse por desapercibidos, ya que el maltrato y abuso hacia un menor de edad, están incluso condenados ante organismos internacionales. Es por ello que este tema se trata con la mayor seriedad posible. El caso de la niña afectada, escaló, luego de que su familia y las organizaciones que amparan su caso, cerraron la avenida principal de periférico norte, en busca de que el violentador no saliera impune, y tuviera una condena justa.

Situación que más allá de generar descontento por quiénes fueron afectados por el cierre, cientos de personas mostraron empatía con la familia y piden justicia por el bien de la niña y para que el abusador no ande libre en las calles, pudiendo vulnerar a alguien más.
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