Cuál fue el ‘freno’ que AMLO le puso a la lucha contra el fentanilo, según especialistas

En 2023, datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y consumo de Droga revelaron el aumento de casos de consumo de fentanilo en el país. El año anterior a la publicación del documento se registraron 333, en comparación con los 25 contabilizados en 2019.

Aunque la distribución de este opioide en México no ha alcanzado la magnitud que en Estados Unidos, su presencia e impacto resultan innegables, ya que en 2021 murieron 19 personas a causa de este narcótico, según datos de la Secretaría de Salud.

Entre las herramientas que existen para contrarrestar una posible sobredosis de fentanilo está la naloxona, un medicamento que bloquea los efectos del opioide en el cuerpo en pocos minutos.

Para las personas que residen en Tijuana, Baja California —donde se concentra el mayor número de muertes por sobredosis—, la naloxona representa la mejor de las alternativas ante un posible deceso, pero no siempre tienen acceso a ella.

Un artículo elaborado por Lourdes Angulo Corral, Jaime Arredondo Sánchez-Lira y otros especialistas en políticas públicas acotadas a temas de salud señala que las personas adictas en Tijuana pueden acceder a la naloxona sólo mediante organizaciones civiles.

“La naloxona es segura y no tiene el potencial para crear adicciones, ya que no produce cambios de humor, alucinaciones ni efectos similares a los estimulantes o depresores del sistema nervioso central”, señalan las y los autores del artículo Implementar una estrategia descentralizada de prevención de sobredosis por opioides en México, un tema pendiente de política pública.

No obstante, el gobierno federal mantiene un bloqueo a esta sustancia que obstaculiza su distribución a comunidades que consumen opioides.

Un reportaje de la periodista Miriam Ramírez, publicado en El Universal, refiere que en 2021 y 2023 Ricardo Monreal Ávila y Olga Sánchez Cordero presentaron iniciativas de ley para que la naloxona sea excluida de la lista de sustancias psicotrópicas sujetas a medidas de control y vigilancia dentro de la Ley General de Salud.

La propuesta obligaba a las autoridades sanitarias a asignar un presupuesto a la adquisición y distribución de naloxona entre las comunidades con personas usuarias de opioides. Sin embargo, el debate se vino abajo luego de una serie de declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera.

“Algunos pueden decir: ‘Es que así no van a haber fallecimientos’. Pero ¿será que esto va a convertirse en un medicamento para que ya no haya la adicción o es nada más prolongar la agonía?”, declaró el mandatario.

Y aunque Hugo López-Gatell enlistó los beneficios de este medicamento durante la misma conferencia, el gobierno federal consideró que su incorporación como tratamiento no era necesaria —debido al “pequeño tamaño del problema”— y se contraponía al sentido de las políticas de bienestar social del presente sexenio.

Al ser cuestionada por Miriam Ramírez sobre si las aseveraciones de López Obrador repercutieron en el congelamiento de su propuesta, Olga Sánchez Cordero explicó que sí, “porque la voz del presidente es muy fuerte, muy poderosa”.

Pese a la evidencia que existe sobre la efectividad de esta sustancia para disminuir las muertes por sobredosis, “México la clasifica como de uso exclusivamente hospitalario y como agente psicotrópico. Esta clasificación restringe su disponibilidad y accesibilidad, ya que las personas deben obtener una receta para comprar naloxona y no está disponible en la mayoría de las farmacias”, sostiene el artículo publicado en The Lancet Regional Health.